OTRA BANDERA 'VERDE': Las aguas del hospital de Torrelodones se vierten en el Guadarrama sin depurar

ESTHER SÁNCHEZ - Torrelodones

EL PAÍS - 26-09-2006

La Consejería de Medio Ambiente ha abierto un expediente sancionador a los propietarios del hospital Madrid, ubicado en Torrelodones, por haberlo edificado sin que tuviera declaración de impacto ambiental, que es obligatoria. Este trámite administrativo determina si el proyecto se ajusta a la norma ambiental y no produce daños en el entorno. El hospital fue inaugurado por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en junio de 2004. Tiene 115 camas. Ahora los vecinos se quejan de que vierte sus aguas residuales sin depurar al cauce del río Guadarrama.

Según el grupo municipal socialista, en la oposición, "está claro que el Ayuntamiento ha favorecido a los propietarios del hospital". El portavoz socialista, Juan Ignacio Bidart, recuerda también que "hoy, el centro hospitalario carece de licencia de apertura". "Si ocurriera algo en las instalaciones, el Ayuntamiento sería el responsable subsidiario", agrega el edil.

La Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid establece la obligación de que los centros hospitalarios cuenten con una declaración de impacto ambiental antes del inicio de las obras. Sin embargo, el hospital Madrid, de propiedad privada, ubicado en la zona llamada de Los Bomberos, en Torrelodones, no esperó a que el Gobierno regional diera ese paso. Sus propietarios iniciaron antes las obras de un edificio de 9.000 metros cuadrados, distribuidos en cuatro plantas; las acabaron y las inauguraron en junio de 2004.

Alternativas adecuadas

"Cuando los servicios técnicos de la consejería visitaron el lugar, el hospital estaba ejecutado casi en su totalidad. En esa fase de las obras, era inútil elaborar la declaración, porque es un instrumento de control con una función preventiva. De esta forma, se nos ha privado de valorar y determinar las alternativas más adecuadas desde el punto de vista ambiental", explica un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente.

Tras el incumplimiento, la Comunidad abrió un expediente sancionador a la empresa, que todavía está tramitándose. Y, a falta de declaración ambiental, publicó en septiembre de 2006, casi dos años después de su inauguración, un informe en el que enumera los requisitos ambientales que debe cumplir el hospital, una vez terminado. "Todavía no podemos decir si la falta que han cometido es leve, grave o muy grave. Los técnicos lo están estudiando", recalcó un portavoz de la Comunidad de Madrid.

El grupo hospitalario, por su parte, mantiene que dio todos los pasos pertinentes para que el Ejecutivo regional pudiera elaborar la declaración de impacto. "En agosto de 2004 les enviamos el estudio de impacto ambiental [paso previo a la declaración ambiental que elabora la Comunidad de Madrid]. Nos pidieron más información. También la remitimos", explican desde el hospital. En abril de 2005, la consejería les volvió a requerir más datos. Peticiones ya inútiles porque el hospital llevaba meses abierto y recibiendo pacientes.

En cuanto al hecho de que las aguas residuales que genera el hospital Madrid vayan a parar al río Guadarrama, sin depurar, la consejería informa de que es el Ayuntamiento el que le tiene que dar el permiso al hospital para estos vertidos. Desde el centro hospitalario explican que ellos tiran a la red de saneamiento municipal "exclusivamente las aguas residuales y no otras sustancias que por ley están obligados a evacuar de otras formas". "Es el Ayuntamiento el que luego debe poner los medios para que se depure", mantiene un portavoz del centro.

Los vecinos detectaron lo que iba a ocurrir con las aguas del hospital y presentaron una alegación en la que preguntaban por el destino de los vertidos. La Comunidad de Madrid les contestó que las aguas residuales del hospital iban a la red de saneamiento. "Por supuesto, se dirigen al alcantarillado. Pero unos metros más allá de donde está el edificio, salen junto con las de todo Torrelodones por un tubo, formando un arroyo pestilente que lleva la porquería al Guadarrama", aclara con ironía un vecino.

Fuentes municipales aseguran que los colectores que conducirán las aguas residuales del municipio a la depuradora de Galapagar estarán finalizados en dos meses. Éstos están en proyecto desde 1998 y se han modificado en varias ocasiones. Esta situación ha provocado que Torrelodones continúe arrojando la mayor parte de sus aguas residuales al río Guadarrama, sin someterlas a ningún proceso de limpieza.

La Comunidad de Madrid paró las obras de construcción de la depuradora el verano pasado, para evitar que los trabajos coincidieran con la época de reproducción y cría de un águila imperial que anida en la zona.

Consulta en la comisaría

El 28 de junio de 2004 el pueblo de Torrelodones se vistió de fiesta para la inauguración del Hospital Madrid, promovido por la empresa Proyectos Torrelodones, SL.

La organización de la que depende cuenta con otros tres hospitales en Madrid. El alcalde de la localidad, Carlos Galbeño, del Partido Popular, señaló que "era un gran día" para el municipio, porque los vecinos se iban a beneficiar del hospital. El Ayuntamiento había firmado un convenio por el que el vecindario tendría acceso gratuito a los servicios de urgencias y de radiodiagnóstico, previa prescripción de un facultativo del centro de salud.

Pero a los cuatro meses de la inauguración, el Ayuntamiento permitió al hospital ampliar sus recién estrenadas instalaciones. A cambio, la empresa debía construir el edificio de Seguridad Municipal, que albergaría a la Policía Local, Protección Civil y los juzgados de paz. El inmueble ya está en funcionamiento y el PSOE asegura que el hospital utiliza locales de estas dependencias para pasar consulta.

El agua milagrosa

Carteles por todas partes nos piden que no tiremos de la cadena en cada meadita

CLARA SÁNCHEZ
EL PAÍS - 17-09-2006


Cuanto más escasea el líquido elemento más se pone de moda. ¿Qué me dices de los 'spas'?
Una noticia, un pequeño recuadro, hacia el que se me van los ojos en cuanto abro las páginas de la sección Madrid de EL PAÍS son las reservas de agua del Canal de Isabel II. Puede que sea porque se habla mucho de ella, casi siempre de forma preocupante. No llueve, pero cuando llueve es torrencialmente como ha sucedido esta semana en varias ciudades. No hay agua y, sin embargo, el martes Bravo Murillo se inundó por una cañería averiada y el miércoles corría abundantemente por el paseo de la Florida por igual motivo.

¿No se podría tener más cuidado? ¿De quién es la responsabilidad cuando sucede algo así? Habrá accidentes inevitables, pero otras veces está presente la desidia. No hace mucho pasaba al lado de unas obras y vi manando una tubería. Junto a ella había un empleado mirando para otra parte. Entonces alguien con un casco en la cabeza le dijo que había que avisar de aquello, y él se encogió de hombros como diciendo, ¿a mí qué me importa? Vaya tipo, tendría un mal día, el jefe le habría hecho un feo, se estaría acordando de todas las ilusiones tiradas a la basura, pero eso ¿qué tiene que ver con el agua? Su mismo cuerpo es agua en un 70%.

De hecho los médicos recomiendan beber unos dos litros diarios. Recomendación seguida con tanto rigor que vamos por la calle con el móvil en una mano y una botella de agua en la otra, lo que ya es pasarse porque una cosa es beber agua y otra es no parar de beber. Y no sólo esto, sino que en fiestas y salidas nocturnas la última tendencia es sustituir el alcohol por agua coloreada, con lo que las reservas de Canal bajarán más todavía. Menos mal que los borrachos de mi barrio suponen un gran ahorro, están tan unidos a sus superlatas de cerveza (esas que miden medio metro de altas) que no es de temer que se pasen al grifo.

Carteles por todas partes nos piden que no despilfarremos agua. Que no tiremos de la cadena en cada meadita, que llenemos la cisterna por la mitad, que no la dejemos correr a lo tonto. Que en lugar de imitar las series norteamericanas en que a los personajes les encanta meterse en baños de espuma rodeados de tétricas velas encendidas a punto de que se les aparezca un espíritu, nos duchemos cerrando el grifo en la pausa del enjabonamiento.

Se podría decir que el primero en señalar el peligro de derrochar agua fue Hitchcock, porque en el fondo a Norman Bates en Psicosis lo que le irrita de verdad es que la huésped se ensimisme debajo de la ducha, ¿cuántos litros se fueron por el desagüe antes de que él interviniese?
Cuanto más escasea el líquido elemento más se pone de moda. ¿Qué me dices de los spas? Ahora la gente sale del trabajo y en lugar de citarse en una cafetería con los amigos como antaño se va a un balneario o a unos baños árabes en pleno Madrid. El lema sería algo así como diviértete hidratándote. Mientras, nos avergüenzan las imágenes de personas que tienen que recorrer kilómetros para recoger un cubo de agua o que se la beben turbia.

Estamos regresando lentamente al agua, pero quizá un poco tarde porque hemos perdido el vínculo que unía a los antiguos a los mares y los ríos no sólo de manera utilitaria, sino también sagrada. Estaban representados por dioses, náyades y nereidas. De alguna manera sabían, muchísimo antes de que se comprobara científicamente, que estamos hechos de agua, y por eso alguien podía llegar a llorar tanto que formara un lago. Cosas, (maravillosas por cierto), de la mitología.

Ahora el matiz religioso queda restringido a las botellitas de agua milagrosa de Lourdes, por las que hay que pagar como por toda agua embotellada, cada día en envases más de diseño. Antes, los imponentes señores del agua no cobraban. Eran el viejo Nereo o Poseidón con su tridente o Tritón con su gran caracola. Leo mientras escribo estas líneas que hay intentos de devolverle al agua su misterio de un modo que tal vez nos parezca algo extravagante. Es el caso del japonés Masaru Emoto, que se ha dedicado a cristalizarla y fotografiarla tras someterla al estímulo de la música o de palabras afectuosas, en cuyo caso surgen cristales espléndidos. En el caso contrario, cuando se la rodea de negatividad ni siquiera cristaliza.

Después de esto no tengo más remedio que levantarme a beberme un vaso de este extraño líquido que, como nos enseñaban en la escuela, carece de sabor, color y olor, pero antes de llevármelo a los labios lo contemplo con el mejor de mis pensamientos.

Enrique Porto asegura que desconocía que algunos proyectos habían sido elaborados por sus familiares

El director regional de Urbanismo autorizó planes redactados por sus socios inmobiliarios

FRANCISCO MERCADO - Madrid

EL PAÍS - 12-09-2006

Los dos principales compradores de las acciones de Plarquin son socios del alto cargo

Enrique Porto Rey, tras ser designado en diciembre de 2003 director general de Urbanismo de la Comunidad, subrogó sus contratos como arquitecto privado de planeamientos en municipios madrileños a una consultora suya -Plarquin-, cuyas acciones vendió entonces a socios en firmas del sector. Tanto Plarquin como empresa -ubicada en un edificio de Porto- como individualmente sus dueños (socios del alto cargo) han ido redactando planes sobre distintos municipios -con un equipo que incluía en ocasiones a un hermano y a una hija de Porto- que han sido presentados ante Urbanismo para su aprobación sin que el director general se inhibiera, según admitió a este diario.

Porto es un arquitecto que en 2002 estaba inmerso, según su currículo, en la redacción de los planeamientos -globales, parciales o de detalle-, de varios municipios madrileños: Cobeña, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio, Camarma, Alcorcón, Leganés, Algete, Villanueva de la Cañada, San Martín de la Vega, Parla, Moralzarzal y la capital. Tras ser nombrado director general el 30 de diciembre de 2003, Porto cede sus contratos madrileños a la empresa Plarquin. No es que los consistorios, surgida su incompatibilidad, busquen un nuevo despacho de arquitectura, sino que es Porto quien lo designa. Y lo busca muy cerca: él mismo fundó Plarquin en 2000 con José María Fernández del Río, arquitecto y ex consejero en Caja Madrid del PP.

Al tiempo que subroga sus contratos en Plarquin, Porto formaliza su desvinculación. Este desmarque arranca en enero de 2003 con la venta de 50 acciones a Alejandro Arca Naveiro, arquitecto que trabajaba a sus órdenes, a quien designará como heredero de sus proyectos privados. El ya director de Urbanismo cierra su desenganche de Plarquin en enero de 2004: su esposa e hija ceden 200 acciones a José María Fernández del Río; y Porto y su esposa entregan otras 250 acciones a José Federico Bouzas. En total, por sus 500 acciones el director de Urbanismo y su familia reciben 3.000 euros. Su valor nominal. Porto, igualmente, regala a Plarquin la cesión de todos sus contratos. Sólo exige a su sucesor en la empresa que se haga cargo de su personal. Con ello, aparentemente, regala contratos de los que uno solo ya vale casi 12.000 euros.

Pese a tal desvinculación formal, hay varios hechos que siguen relacionando Plarquin con Porto. Los dos principales compradores de sus (450 de las 500 títulos enajenados) son socios suyos en otras empresas. Fernández del Río es socio, a partes iguales, en la empresa Fernández y Porto.

El director de Urbanismo (con su esposa e hijos) posee 3.500 acciones. Las mismas que Fernández del Río, esposa e hijos. El objeto social de Fernández y Porto no deja de chirriar en manos de un director de Urbanismo: "Promoción urbanística en su más amplio sentido"; "solicitar y obtener concesiones administrativas de toda clase de aprovechamientos de servicios, de disfrute, de ocupación"; "la promoción de centros comerciales o hipermercados"... Sus activos valen más de un millón de euros. Porto la define como "una sociedad patrimonial que posee el edificio madrileño de José Silva, 14".

Fernández del Río, además, es socio de la esposa de Porto, en Elclansol, una inmobiliaria de la que forma parte Ricardo Ortega, cuñado del dirigente del PP, Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada. Pero Fernández del Río no es el único accionista de Plarquin que mantiene relaciones societarias con el alto cargo de la Comunidad. Bouzas, otro de los compradores de sus acciones, es socio suyo en la empresa Trienal, inmobiliaria que coadministra junto con Porto. Su sede es también la misma de Plarquin.

No sólo los dos principales dueños de Plarquin son socios de Porto. Existe un tercer nexo: Plarquin tienen sede en el edificio José Silva, 14, propiedad de la inmobiliaria que comparten Porto y Fernández del Río, y por la que paga un alquiler. Plarquin, por tanto, factura a una firma del alto cargo (Fernández y Porto). Y ambas comparten teléfono.

Todos los planeamientos urbanísticos iniciados o diseñados en municipios de la región por Porto o sus socios (personalmente o a través de Plarquin) han ido entrando poco a poco en la Consejería de Medio Ambiente para su aprobación a lo largo del mandato del director de Urbanismo. Porto se ha visto ya en la tesitura de inhibirse o dar su conformidad a proyectos que él mismo inició o que posteriormente remataron o realizaron sus socios. No es una hipótesis. Es un hecho que se repite: desde 2004 se han ido autorizando en Urbanismo planeamientos parciales de sectores redactados por el socio de Porto, Fernández del Río, a nombre de una empresa, Estudios de Planeamiento y Gestión Urbanística, Arquitectura e Ingeniería que tenía como sede la misma que la empresa del alto cargo: José Silva, 14 y su mismo correo, fernándezyporto@terra.es.

La documentación aportada en Urbanismo acreditaba que el equipo redactor dirigido por Fernández del Río estaba integrado por el hermano de Porto, Eduardo Porto Rey, su hija Genoveva Porto y su otro socio, José Bouzas. "Ningún funcionario me dijo que figuraban mi hija o mi hermano", alega Porto. Fernández del Río también ha sido redactor de otros dos planeamientos bendecidos por su socio y alto cargo: Brunete (SR-2 El Olivar) y el plan especial de redes de Villanueva de la Cañada.

Plarquin, paralelamente, ha redactado y visto autorizados planeamientos en Urbanismo -Moralzarzal, plan parcial sector S-1, Las Hachazuelas- con técnicos coincidentes con el anterior equipo. Esta empresa, incluso, veía conformado por el director de Urbanismo el planeamiento general de Ciempozuelos, iniciado por Porto y que subrogó a Plarquin. Y esperan turno de pasar por la ventanilla de Porto una veintena de planes urbanísticos -la mitad, generales- redactados por sus socios.

CC OO reitera sus críticas al urbamismo “irracional” en el piedemonte serrano

Por : Redacción

Comisiones Obreras ha indicado que pedirá la dimisión del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, mariano Zabía, en caso de que el Ejecutivo regional dé el visto bueno a las recalificaciones urbanísticas previstas en algunas localidades incluidas dentro del ámbito del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del futuro Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

El sindicato hace referencia a los casos de Buitrago, Moralzarzal, Becerril de la Sierra, Bustarviejo, La Cabrera o Los Molinos, en este caso con unas Normas que están siendo tramitadas directamente desde la Comunidad de Madrid.

La consecución de estas actuaciones supondría, según las estimaciones del sindicato, la construcción de 70.000 viviendas, con un aumento de la población de unas 200.000 personas, además de varios campos de golf y centros comerciales. A juicio de CC OO, esto supone un crecimiento “irracional” en el piedemonte serrano, amenazando el proyecto del Parque Nacional.

En este sentido, el sindicato ya ha elevado una queja al Defensor del Pueblo, y ha anunciado que se reunirá con los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid y con representantes del Ministerio de Medio Ambiente, sin descartar las “movilizaciones y acciones judiciales” que consideren necesarias.

AVIACIÓN CIVIL: Denuncia de sobrevuelos a bajísima altura, apagado de motores para su reencendido posterior.

Buzón portavoz.dgac [mailto:portavoz.dgac@fomento.es]

La Subdirección General de Control del Transporte Aéreo de la Dirección General de Aviación Civil tiene desde que recibimos su información los datos que en ella nos aporta, le agradecemos su colaboración en favor de la seguridad aérea y el respecto al medioambiente.

Saludos,

Lola Castro

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Estimados Sres.:

El motivo de este escrito es denunciar unos acontecimientos que creo son motivo de sanción para el causante.

Descripción de los hechos:

El domingo 20 de agosto de 2006 un poco antes de las 19 horas 30 minutos, una avioneta matrícula EC-HUO (no tengo seguridad absoluta en el misma, ya que la observación la realicé a simple vista), realizó varios sobrevuelos a bajísima altura (calculo unos 50 metros) sobre las casas de la urbanización Los Arroyos en el término municipal de El Escorial.

Ese mismo día, el tráfico de avionetas fue bastante intenso, aunque las otras lo hicieron a mas altura que la denunciada (normalmente no se puede leer la matrícula sin ayuda de prismáticos).

Esta situación de sobrevuelo continuo de avionetas por encima de nuestros hogares no es puntual, ya que se produce de forma continuada y produce graves molestias a los habitantes de la zona debido al intenso ruido que producen y además son una fuente de graves riesgos humanos y materiales, pues realizan maniobras potencialmente peligrosas como el apagado de motores para su reencendido posterior.

A continuación, estas avionetas se adentran (y luego regresan por el mismo camino) en los terrenos que formarán parte del futuro Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, produciendo un grave impacto acústico en una zona de alto valor medioambiental y protegida.

Esta molesta y peligrosa situación ha sido denunciada en repetidas ocasiones por particulares y por la asociación de vecinos ALANA, ante el ayuntamiento de El Escorial, el cual se ha inhibido totalmente en su obligación constitucional de realizar las gestiones necesarias para proteger la seguridad física y la calidad de vida de los ciudadanos de su municipio.

Artículo 45.

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

Por tanto solicito:

Que se tomen las medidas sancionadoras que correspondan a los hechos descritos y que de forma general se prohíban y se vigile el cumplimiento de la prohibición de sobrevolar zonas habitadas y espacios protegidos.

Atentamente.

En nombre propio y de la Asociación de Vecinos de Los Arroyos y Navalquejigo (ALANA)

El PSOE lleva hasta Bruselas el urbanismo “de rapiña”del noroeste

Ante los continuos escándalos urbanísticos en varios municipios del noroeste de Madrid gobrernados por el Partido Popular, el Partido Socialista ha decidido tomar cartas en el asunto y acudir a Bruselas para que la investigación abierta en Galapagar entorno al Plan General y de la que ayer dábamos cuenta, se amplíe a toda esta zona de Madrid.

Ayer, el secretario general del PSOE, Rafael Simancas, se reunía con los responsables socialistas de una decena de Ayuntamientos para acordar una serie de medidas. “No vamos a consentir que el PP degrade el debate urbanístico en nuestra región ya que no se trata de una trifulca del tipo y tú más, sino que está relacionado con la calidad y el bienestar de los ciudadanos”. Se trata, señaló, de que se investiguen sus implicaciones y se tomen las medidas oportunas para que se rectifique. El dirigente socialista destacó que este tipo de urbanismo, que calificó de “depredador y de rapiña” constituye una amenaza directa para el desarrollo sano de sus ciudadanos. Es además, dijo, “un riesgo para el mantenimiento del equilibrio medioambiental y para el cumplimiento de las normas jurídicas y morales básicas”. Entre las consecuencias que este urbanismo está acarreando apuntó el incremento brutal del precio de las viviendas, la presión sobre los equipamientos públicos que están colapsados y el deterioro de los espacios medioambientales. “El PSOE no está dispuesto a tolerar esta situación más tiempo”, declaró Simancas, que puso como ejemplos los casos de Majadahonda, Boadilla del Monte, Las Rozas, Colmenarejo o Pozuelo. Especialmente grave, señaló el secretario del PSOE, es el de Torrelodones, donde si sale adelante el proyecto del PP para construir 1.500 viviendas, un campo de golf y un centro comercial, 128 hectáreas de alto valor ecológico en el Área Homogénea Norte serán “pasto de la especulación”. Con el agravante, señaló, de que una empresa de las que son propietarios amigos y familiares del actual alcalde, Carlos Galbeño, “adquirió suelo” en el momento más adecuado.

¿Y SI APLICAMOS LA CONSTITUCIÓN?

Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes...

El Telégrafo

Las recientes manifestaciones del Magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, parecen confirmar la sensación generalizada de la ciudadanía de que se ha producido un auténtico asalto al estado de derecho y una toma del poder real por parte de los representantes de ciertos intereses inmobiliarios especulativos.

Ante su pregunta de cómo frenar esta marea negra de corrupción respetando la autonomía municipal, se me ocurre aplicar el artículo 23.1 de nuestra Constitución: Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes...

Dado que parece que nuestros representantes no se han aplicado mucho en este tema, intentémoslo los ciudadanos directamente. ¿Cómo? Obligando por ley a la participación ciudadana en la elaboración de los Planes Generales de Ordenación Urbana de nuestros municipios de residencia y dando su aprobación final a los mismos en consulta pública.

Posiblemente, nadie sepa cuidar mejor la calidad de vida de nuestros pueblos y ciudades y su entorno que los que en ellos vivimos.

Y así vamos dando los primeros pasos en la práctica de la democracia directa.

BBC WORLD emite un documental sobre la especulación en la Sierra de Madrid.

La periodista de la BBC Catherine Adams ha realizado un documental sobre la especulación en la Sierra Madrileña, y tan pronto tengamos una copia de dicho documental haremos las gestiones oportunas para su difusión permanente en Internet.

Con nuestro mayor agradecimiento a Catherine, y al productor de dicha iniciativa, por su contribución a la difusión de los problemas que acosan al medioambiente de esta comarca.

Madrid duplicará el número de campos de golf pese a la alarmante escasez de agua

Sólo el 30% de los campos se riegan con agua reciclada y hay municipios madrileños que llevan con restricciones desde junio.

Martes, 05 de septiembre de 2006.

De nuevo el golf genera polémica. La plataforma Ecologistas en Acción ha denunciado que Madrid duplicará el número de campos desde los 30 que existen actualmente hasta 58 pese a la alarmante escasez de agua que sufre la comunidad, cuyos embalses se encuentran al 41,8% de su capacidad.

Tras recopilar los planes generales que recogen las propuestas de construcción, la organización ecologista reitera que el gasto medio de un campo de 18 hoyos es de 10.000 metros cúbicos por hectárea y año, un volumen que equivale al consumo de agua de una ciudad de entre 150.000 y 200.000 habitantes.

“El boom de los campos de golf es ilógico y absolutamente irracional teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Datos de la propia Federación Madrileña de Golf dicen que sólo el 30% de los campos se riegan con agua reciclada, lo que tampoco es una solución, ya que dada la carestía de agua esa agua reciclada debería destinarse a usos consolidados, como el riego de jardines o parques y limpieza de calles. Sólo los campos que están próximos a la capital, como Puerta de Hierro, Villa de Madrid o el de Majadahonda, se riegan con agua reciclada”, señala Angeles Nieto, de Ecologistas en Acción.

Haya sequía o no, lo cierto es que tanto la oferta como la demanda de este deporte crecen a buen ritmo en España. De hecho, el golf mueve en nuestro país 2.375 millones de euros anuales, lo que supone un incremento del 252% desde el año 1997, cuando esta industria generó unos 674 millones, según un estudio de Aymerich Golf Management (AGM). Asimismo, esta compañía líder en el sector indica que el número de campos ha pasado de 180 a los más de 330 que existen en la actualidad en sólo nueve años.

El ‘boom’ inmobiliario

Pese a lo abultado de las cifras -las actividades indirectas relacionadas con el golf generan 1.795 millones de euros anuales-, la plataforma ecologista sostiene que, dada la proliferación de campos, la industria del golf en nuestro país sólo es rentable cuando camina de la mano del sector inmobiliario. “Los campos de golf no son rentables si no van acompañados de urbanizaciones porque con los ingresos de los jugadores no se mantienen. Se rentabilizan construyendo urbanizaciones alrededor”, afirma Nieto.

Un reciente informe de AGM concluye que en la actualidad el 90% de los campos de golf que se desarrollan en España son promovidos por compañías inmobiliarias y afirma que, en los últimos años, el turismo español se está redescubriendo gracias a la promoción de áreas residenciales de calidad impulsadas principalmente por el golf.

“Es una situación que podría colapsar a medio plazo. Hay municipios madrileños que llevan con restricciones desde junio, aunque no se diga. Por ejemplo, Serranillos del Valle no tiene agua, saca agua de pozos ilegales para abastecer a la población y, en estas condiciones, planea construir un campo de golf, a pesar de que no hay suficiente población para regarlo con agua reciclada. La propia administración debe estudiar el fenómeno y ponerle freno”, concluye Nieto.

'Pelotazo' de Cereceda: gana más de 730 millones de euros gracias a las recalificaciones de Brunete

La operación cuenta ya con todos los parabienes del ayuntamiento de la localidad.

El protagonista: Luis García Cereceda, dueño del célebre restaurante Zalacaín y uno de los hombres más ricos del país. El escenario de tamaño negocio: Brunete, un pequeño municipio situado en el suroeste de la región que cuenta con apenas 8.000 habitantes, y que ha pasado a la historia por ser escenario de una de las batallas más encarnizadas de la guerra civil. Las plusvalías a obtener por Cereceda son simplemente extraordinarias: algo más de 730 millones de euros por una inversión realizada hace sólo seis años, una vez descontados los costes de urbanización. La operación cuenta ya con todos los parabienes del ayuntamiento de la localidad. Tan sólo falta la ratificación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por parte de la Comunidad de Madrid. Inicialmente, y al tratarse de un municipio con menos de 50.000 habitantes, la Comisión de Urbanismo regional iba a ser la encargada de ratificar el expediente. Pero el pasado 27 de junio se tomó una decisión que sorprendió a muchos vecinos de Brunete. El consejero Mariano Zabía aplazó el visto bueno del PGOU acogiéndose a las excepciones que determina la Ley del Suelo de la Comunidad, con lo que finalmente será el Consejo de Gobierno -la propia presidenta- el que tenga la última palabra. La historia de este enorme negocio es el siguiente. El empresario García Cereceda, que opera a través de las inmobiliarias Lugarce y Procisa -esta última cotiza en Bolsa-, compró en el año 2000 una finca denominada La Pellejera, situada en las afueras del municipio. La finca cuenta con una extensión aproximada de 800 hectáreas, de las cuales, según la información remitida a la CNMV, 600 hectáreas son de especial protección por razones medioambientales al estar situadas dentro del parque forestal del río Guadarrama. En las 200 hectáreas restantes es donde se centrará una parte de la recalificación urbanística aprobada por el municipio. Cereceda, según algunas fuentes, compró esos terrenos a la familia Garrigues hace seis años por unos 5.000 millones de pesetas. La cantidad pagada sorprendió en el pueblo, ya que parecía desorbitada teniendo en cuenta que, al tratarse de suelo rustico, ese suelo tenía la naturaleza de no urbanizable. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que durante ese mismo año 2000 el ayuntamiento, regido por Félix Gavilanes, del Partido Popular, inició los trámites encaminados a la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana. Al poco tiempo, y acogiéndose a esa futura aprobación, firmó un convenio urbanístico con Cereceda. Entre fogones anda el juego El PP, sin embargo, echó para atrás dos veces el nuevo PGOU, una de ellas cuando era consejero de Obras Públicas el empresario y gemólogo Luis Eduardo Cortés, paradójicamente propietario de otro de los templos de la gastronomía madrileña: Jockey, histórico rival de Zalacaín. Inicialmente, el plan preveía la construcción de 12.000 viviendas, después ese número se amplió a 15.000, y ahora, finalmente, el alcalde Félix Gavilanes ha pedido permiso para construir cerca de 20.000 viviendas en los próximos ocho o diez años, prácticamente el triple de las que tiene actualmente el municipio. En palabras de Fernando Corvo, portavoz socialista en Brunete, "en vez de crear más infraestructuras pagadas por los propietarios del suelo, lo que se ha decidido es aumentar la edificabilidad y elevar el número de nuevas viviendas", ya que de otra manera no se hubieran podido cumplir las alegaciones presentadas en su día al plan por los vecinos en cuanto a necesidades de infraestructuras básicas. Pues bien, a la empresa de Cereceda, según el informe anual presentado por Procisa a la CNMV, le corresponde una edificabilidad máxima de 576.609 metros cuadrados, de los que el 87,20% son de uso residencial en vivienda libre, mientras que el resto, 73.809 metros, irá destinado a uso terciario. El PGOU no contempla en esa zona ninguna VPO, algo que colisiona con las leyes urbanísticas, tal y como denunciaron en su día los grupos de la oposición y Ecologistas en Acción, que ha lanzado diversas campañas contra un plan que, en su opinión, está "plagado de irregularidades". El amigo de González y Suárez Es decir, si Esperanza Aguirre aprueba el expediente en sus actuales términos, el empresario madrileño, gran amigo de Felipe González y Adolfo Suárez, podrá construir medio millón de metros cuadrados. O lo que es lo mismo, unas 5.000 viviendas (la cuarta parte del nuevo PGOU) con una superficie media de 100 metros cuadrados. ¿Y cuánto valen esas 5.000 viviendas? Según los diferentes análisis que hacen las agencias de tasación de inmuebles, el valor del metro cuadrado construido en Brunete se sitúa en el entorno de los 2.600 euros. Es decir, el conjunto de la operación urbanística en la antigua finca de La Pellejera asciende a 1.300 millones de euros. Según diversas fuentes consultadas por El Confidencial entre expertos del sector, el valor de repercusión del suelo urbanizado en viviendas libres se sitúa en estos momentos entre el 40% y el 50% del total. El resto, lógicamente, se lo queda el propietario del suelo, en este caso el empresario Luis García Cereceda, máximo accionista de Lugarce, de Procisa y de AKN España, la sociedad con la que opera en Brunete. Teniendo en cuenta esas cifras, las plusvalías que obtendrá Cereceda superará ampliamente los 650 millones de euros. Una cantidad a la que habría que añadir otros 80 millones de euros que obtendrá por la superficie destinada a uso terciaria. En total, algo más de 730 millones de euros, haciendo una valoración conservadora, por unos terrenos adquiridos hace sólo seis años por 5.000 millones de pesetas. Negocio redondo.

Simancas denuncia el urbanismo "depredador y de rapiña" en la zona Noroeste de Madrid

El PSOE pedirá en Bruselas que se amplíe a toda la comarca la investigación sobre el PGOU de Galapagar

Por : Redacción

El PSOE ha anunciado su intención de llegar a Bruselas para que la Comisión Europea amplíe la investigación respecto al Plan General de Galapagar -tema del que informábamos la semana pasada- a toda la zona Noroeste de la Comunidad de Madrid, incluyendo los desarrollos previstos en Majadahonda, Valdemorillo, Las Rozas, Boadilla del Monte o Torrelodones, localidad en la que el lunes se celebró un encuentro entre el secretario general de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, y distintos representantes del PSOE en los municipios de la comarca.

	Simancas, con varios portavoces socialistas de la zona (Foto: E. P.)

Con todos los focos sobre la operación del Área Homogénea Norte, Simancas advirtió en primer lugar que su partido no va a permitir que el PP “degrade el debate sobre el urbanismo”. “No tiene nada que ver”, dijo, “con una política del y tú más, sino que está relacionado directamente con la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos”. En este sentido, señaló que el urbanismo “depredador, especulativo y de rapiña supone una amenaza directa para el desarrollo de Madrid y de su sociedad”, entrañando graves riesgos, citando en primer lugar el perjuicio que a su juicio puede suponer para el “equilibrio medioambiental”. “Es un urbanismo que esta exprimiendo cada centímetro de suelo en el Noroeste”, manifestó, lo que ha conllevado “un incremento brutal en el precio de la vivienda”, que situó en torno al 120 por ciento en el periodo 2001-2006, “mientras que los salarios sólo han subido un 21 por ciento en ese mismo tiempo”. Como consecuencia, añadió, “los jóvenes se ven literalmente expulsados de las localidades donde viven sus padres”.

El “colapso” en los equipamientos sociales, desde colegios a centros de salud, y los problemas de movilidad, y los problemas de movilidad, son otras de las cuestiones colaterales a las que hizo referencia Rafael Simancas en su intervención.

“No es algo que forme parte de una batalla política más entre PSOE y PP, sino de una agresión constante a la calidad de vida”, reiteró el líder socialista madrileño, para a continuación manifestar que “los escándalos urbanísticos se suceden municipio tras municipio y mes tras mes”. Majadahonda, Las Rozas, Boadilla, Galapagar o Torrelodones fueron algunas localidades de las que habló, asegurando que el PSOE colaborará en cuanto sea necesario con la Fiscalía Anticorrupción y que todos los grupos municipales, así como el PSM a nivel autonómico, van a solicitar “un pleno monográfico sobre el urbanismo que se practica en esta zona”, demandando una limitación a los desarrollos, la promoción de viviendas para jóvenes, el incremento de la protección de los espacios naturales, nuevos equipamientos sociales y “transparencia en la gestión”.

En cuanto a la petición de que estos desarrollos sean investigados desde Europa, Simancas aseguró que el PSOE “espera mucho del trabajo que pueda desarrollar la Comisión Europea”, además de que denunciarán judicialmente los casos más significativos. Sin embargo, apostilló, “la principal medida que puede resolver el problema del urbanismo no se va a resolver en ningún tribunal, sino en las urnas”.

Respecto al caso concreto de Torrelodones, el portavoz de los socialistas locales, Juan D. Bidart, indicó que su grupo no quiere “una comisión de control”, como ha propuesto el Ayuntamiento, sino de “investigación”. Finalmente, el secretario general del PSM recordó que el Ejecutivo acaba de dar el primer paso en la operación del Área Homogénea Norte, pero es la Comunidad de Madrid la que debe adoptar una decisión, “y esperemos”, terminó, que “Esperanza Aguirre tenga la suficiente visión como para impedir que esto salga adelante”.

Martín Pallín aboga por "paralizar" los planes urbanísticos hasta que se decida sobre su legalidad

El magistrado del TS afirma que el urbanismo es "algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los ayuntamientos"

SANTANDER, 31 (EUROPA PRESS)

José Antonio Martín Pallín, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), apostó hoy en Santander por que la jurisdicción contencioso-administrativa "paralice" y "suspenda" los planes urbanísticos hasta el momento en que "se decida sobre su legalidad o ilegalidad", constató.

Martín Pallín hizo estas declaraciones en rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en donde esta semana dirige un curso titulado 'El urbanismo: factor de corrupción'. El magistrado lamentó que en lo que se refiere al urbanismo el sistema administrativo ha "fracasado rotundamente", mientras que judicialmente no se ha "sabido estar a la altura de las circunstancias" y "dar una respuesta en tiempo razonable".

"No se puede resolver un Plan General de Urbanismo a los 10 ó 12 años, cuando ya está prácticamente desarrollado, y volar todo lo que se ha hecho", consideró el magistrado, quien subrayó que es "urgentísimo" el "actuar" sobre la jurisdicción contencioso-administrativa y que ésta "dé una respuesta en un tiempo razonable".

Demandó además que ésta jurisdicción "utilice" los elementos de "suspensión" y "paralización" de decisiones, "como se ha hecho en la OPA de E.on sobre Endesa". Al hilo de este ejemplo, Martín Pallín dijo "no saber" el "por qué no se puede hacer lo mismo con un plan de urbanismo".

En este sentido, si bien aseguró respetar "absolutamente" la autonomía municipal consagrada en la Constitución, puntualizó que habría que delimitar "hasta dónde llega esa autonomía".

Reconoció que en contra de la "paralización" de los planes, los ayuntamientos podrían "argumentar" los "servicios que hay que cumplir para los ciudadanos", si bien remarcó que "eso no se puede conseguir a costa de vulnerar la legalidad".

No obstante, consideró que "tampoco se puede esperar 10 años para que los tribunales digan si se puede seguir adelante o no (con un plan urbanístico)".

Con todo, a su juicio, los servicios municipales "no se resienten" si "en un plazo razonable", de en torno "a un año", se "da una respuesta sobre la legalidad o ilegalidad del plan que se ha propuesto". En relación con esta idea, Martín Pallín recordó además que en ocasiones los ayuntamientos prestan servicios "que en principio no serían de su competencia".

"No se puede demagógicamente esgrimir ese argumento para saltarse la legalidad", sentenció por ello sobre el magistrado del TS, quien aseveró así que "detrás de eso vienen todas las corrupciones, los sobornos y la especulación y destrucción del hábitat".

A su entender, el urbanismo es "algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los ayuntamientos", por lo que abogó por que "por lo menos" exista "una planificación territorial mucho más amplia", e "incluso" un organismo "centralizado" que estuviese facultado para "llamar la atención" o "incitar a los tribunales" para que "no se traspasasen unos límites generales de normas urbanísticas", dijo.

'ESTALLIDO'

Preguntado por la denominada 'burbuja inmobiliaria' española, indicó que el hecho de que se den hipotecas "a 50 ó 60 años" resulta "llamativo" porque, "seguramente", de la firma del crédito a la cancelación del mismo, "en caso de no tener unas perspectivas de gran longevidad, se puede pasar a los herederos".

Asimismo, aludió a la "tensión de vivir bajo esa presión" y "con un mercado laboral tan inseguro", y destacó que el aumento de los índices de interés podría llevar "a un estallido bastante peligroso", que sin embargo "tendría el efecto de paralizar la vorágine constructora".

MONTE ABANTOS: ANIVERSARIO DE UN DESASTRE ECOLÓGICO

La presión urbanística cerca el Monte Abantos, siete años después del incendio que arrasó 425 hectáreas

Los vecinos dan la voz de alarma por la construcción de miles de viviendas

«En los últimos años, la ladera del Monte Abantos está siendo invadida por cientos de construc­ciones de chalés y bloques de pi­sos», denuncian

ABC-MADRID.

Hoy se cumplen siete años. Eran las tres y media de la tarde del viernes 20 de agosto de 1999 cuando el Monte Abantos, uno de los más emble­máticos de la Sierra de Guadarrama con sus 1.753 metros de altitud, comen­zó a arder. Fue una pesadilla que duró 24 horas, y que dejó arrasadas 425 hec­táreas de bosque de pino. Aunque los trabajos de reforestación comenzaron justo al año siguiente, con la planta­ción de 450.000 árboles, este Monte, en San Lorenzo de El Escorial, está sopor­tando ahora otra presión de consecuen­cias imprevisibles: la del cemento y el ladrillo.

El Foro Ciudadano Escurialense, formado por asociaciones de vecinos de San Lorenzo, El Escorial y distintos grupos de defensa del medioambiente, ha denunciado que la construcción «masiva de pisos y chalés adosados en las laderas del Monte Abantos (Pozas Norte y Monte Escorial) ha aumenta­do mucho el riesgo de futuros incen­dios».

«Las casas están a pocos metros de los mojones que indican el monte de utilidad pública», señalan, y advierten de que la decisión del Ayuntamiento de San Lorenzo de construir nuevas vi­viendas al final de la calle de Unamuno, un enclave casi metido en el bos­que, «empeorará aún más la situa­ción». «En los últimos años, la ladera del Monte Abantos está siendo invadi­da por cientos de construcciones: cha­lés, bloques de pisos, centros comercia­les, postes telefónicos, etcétera», expli­can.

Según datos de estas organizaciones vecinales y de defensa del medioam­biente, en la comarca de El Escorial los conatos de incendio se han multiplica­do por ocho en la última década. Un informe de UGT de junio recoge que en los últimos 10 años se ha pasado de 103 fuegos a 444, el 59 por ciento intencio­nados y el 70 por ciento junto a zonas urbanizadas.

Los vecinos han denunciado tam­bién que incluso la vía pecuaria de Cor­del del Valle se ha modificado en va­rias ocasiones por la presión urbanísti­ca, y se ha elevado de cota.

UN PUEBLO NUEVO

El Foro Ciudadano ha criticado con du­reza el avance del Plan General de Or­denación Urbana de San Lorenzo, que prevé construir «prácticamente un pueblo nuevo en la zona del Monaste­rio». «No es exactamente en el Monte Abantos, pero sí en el pie de la monta­ña y en una zona de alto valor ecológi­co, dentro de la influencia del parque nacional, a 15 kilómetros del casco ur­bano de San Lorenzo. Allí quieren construir más de siete mil viviendas, un polígono industrial y un centro co­mercial. En la práctica, supondría ha­cer un nuevo pueblo, con más de 18.000 nuevos habitantes», explica una porta­voz de este movimiento vecinal, que hoy conmemorará los siete años del in­cendio en el mismo Monte.

EL PROYECTO DE PISCINAS MUNICIPALES: Nuevo retraso

Las obras no empezarán al menos hasta principios de 2007

Por : El Faro

El proyecto de construcción de un complejo de piscinas municipales cubiertas en la zona del río Aulencia acumula un notable retraso, tal como confirmó a El Faro del Guadarrama el concejal de Deportes de El Escorial, Santiago Herranz.

En el último pleno celebrado en la localidad se presentaron nuevos informes de trabajo de consultoría y asistencia sobre este tema, además de una ampliación del estudio arquitectónico que se había realizado. “A la hora de hacer el pliego de condiciones para sacar la obra a concurso vimos que había una serie de variaciones que podían ser bastante importantes”, indicaba Herranz, añadiendo que después de este nuevo paso el proyecto se encuentra ahora en una nueva fase de alegaciones.

Lo más probable es que la actuación vuelva a pasar por pleno en la sesión que tendrá lugar a finales de este mes, respondiendo a las posibles alegaciones, y dando paso finalmente a la aprobación del correspondiente pliego de condiciones. “La verdad es que es un proyecto que se ha ido retrasando mucho, casi un año, porque la idea es que a estas alturas las obras ya estuvieran bastante avanzadas”, señalaba el edil, quien manifestó finalmente que, una vez superados los distintos trámites administrativos, las obras pudiesen empezar a principios de 2007.

Esta actuación supondría la construcción de un nuevo complejo deportivo en la zona de las antiguas piscinas del río Aulencia, con un coste estimado de unos 3 millones de euros. En su momento, la oposición cuestionó duramente la propuesta, llegando a presentar un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo.