IU: JORNADAS DEL ÁREA FEDERAL DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE ( 29/10/2005).

ENERGÍAS RENOVABLES PARA CERRAR LAS NUCLEARES
(Conclusiones del Taller de Energía)

ESPAÑA Y EL CONSUMO ENERGÉTICO

POSICIÓN DE PARTIDA: Un modelo energético despilfarrador e ineficiente.
- El consumo de energía en España ha aumentado muchísimo en los últimos años, sin que dicho incremento haya tenido un reflejo similar en el bienestar de la población.
- La intensidad energética (cantidad de energía por aumento PIB) sube en España mientras baja en el resto de la UE.
- España es el Estado Miembro de la UE más alejado de conseguir cumplir con los compromisos firmados en el Protocolo de Kioto.

CONCLUSIONES
- Es imprescindible ahorrar en el consumo energético en todos los ámbitos, especialmente en el consumo doméstico y en el sector del transporte.
- Hay que potenciar el ahorro y la eficiencia, y desincentivar los consumos excesivos.

PROPUESTAS
- Para el caso del consumo de electricidad, apoyamos la propuesta presentada por Ecologistas en Acción que tiene como objetivo ahorrar el 35% en el consumo:

REDES DE DISTRIBUCIÓN
-Proximidad entre generación y consumo
-Substitución de conductores
-Nuevos conductores en líneas sobrecargadas

CONSUMO INDUSTRIAL
-Subida de tarifas hasta alcanzar los precios equivalentes a Portugal Establecimiento de un límite máximo para empresas altamente consumidoras
-Establecimiento de una política de bloques en el precio Establecimiento del valor de consumo eficiente para cada producto Subvencionar la inversión en l+D+i que reduzca el consumo de energía

CONSUMO DOMÉSTICO
-Tarificación del consumo por bloques, que incentive el ahorro y penalice elderroche
-Establecimiento de un mínimo básico universal
-Retirar del mercado todos los aparatos energéticamente ineficientes
-Subvención parcial de los aparatos de clase A
-Creación de un "plan renové" para los electrodomésticos ineficientes
-Subvencionar las acometidas de gas natural a las viviendas
-Subvencionar un 40 por ciento el precio de las bombillas de bajo consumo

EDIFICIOS
-Aprovechamiento de la luz solar mediante el acristalamiento de techos y paredes
-Limitación legal de la iluminación exterior de los edificios
-Actuaciones decididas y ejemplares en edificios públicos

ALUMBRADO PÚBLICO
-Utilización de lámparas de vapor de sodio de baja presión
-Utilización de farolas eficientes Instalación de farolas con placa solar fotovoltaica Limitación de la iluminación navideña

ESPAÑA Y LA ENERGÍA NUCLEAR

POSICIÓN DE PARTIDA: Instalaciones contaminantes y peligrosas
- La energía nuclear es la energía más cara de las existentes. El uranio se está agotando y sólo quedan reservas para 50 años. La existencia de la energía nuclear se debe únicamente a su utilización militar.
- Las centrales nucleares son altamente inseguras, tanto por la tecnología que emplean, como por ser objetivo del terrorismo. Además, los residuos de alta radiactividad son peligrosos durante miles de años.
- El funcionamiento diario habitual de las centrales nucleares tiene consecuencias en la salud de la ciudadanía que vive en los alrededores, como han demostrado numerosos estudios epidemiológicos.
- Las centrales nucleares españolas están casi totalmente amortizadas, por lo que no hay motivo para prolongar su vida útil.

CONCLUSIONES
- No existe motivo alguno para que las centrales nucleares sigan funcionando en España.

PROPUESTAS

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

- La legislación debe obligar a que toda nueva construcción o rehabilitación disponga de instalaciones solares térmicas para el agua caliente sanitaria.
- Instalación de paneles solares térmicos en todos los centros públicos de alta demanda.
- Formación de técnicos municipales y de la construcción desde las diversas Agencias de la Energía.
- Promocionar las empresas de instalación y mantenimiento.

ENERGÍA TERMOSOLAR:

- Elevar los objetivos propuestos en el PER 2005-2010, por lo menos hasta 1.200 MW, con instalaciones en todas las Comunidades Autónomas.
- Dar apoyo público a las primeras instalaciones.
-Agilizar la tramitación considerándolas instalaciones estratégicas.
- Solicitar la ampliación del tope para la cobertura de las primas previsto en el R.D. 436/2004.

BIOMASA

- Desarrollo en las Comunidades Autónomas de planes específicos para la energía de biomasa.
- Elevar las tarifas e incentivos para las plantas de biomasa propuestas por el R.D. 436/2004.
- Fomentar la logística de recogida y almacenamiento de la biomasa residual agrícola, forestal e industrial.
- Apoyo a la reconversión de los cultivos alimentarios provocadores de alto consumo de agua y fitosanitarios, a ecocultivos energéticos.

BÍOGÁS

-Obligación del aprovechamiento energético del biogás en todos los grandes vertederos y plantas depuradoras de aguas residuales, prohibiendo su emisión libre por chimeneas o la combustión por antorchas.
- Apoyo a la biometanización de los rechazos de las plantas de compostaje, junto con los residuos orgánicos de la ganadería intensiva. Creación de una red de plantas de biometanización en los centros de recuperación y reciclaje de residuos.

ENERGÍA EÓLICA

- Promocionar pequeñas instalaciones en municipios y polígonos industriales.
- Desbloquear las continuas trabas de las compañías eléctricas a las líneas de evacuación.
- Facilitar el cumplimiento de los trámites administrativos.
- Realizar un estudio ambiental riguroso sobre las zonas marítimas compatibles con parques eólicos marinos y facilitar su instalación.

BIOCARBURANTES

- Obligar a que las flotas de automóviles, camiones y autobuses de los organismos públicos y del transporte colectivo, utilicen un porcentaje mínimo del 15 por ciento de biocarburantes.
- Promover y apoyar la logística de recogida de aceites vegetales usados.
- Apoyo decidido (económico y administrativo) a las plantas de generación de biocombustibles.
- Aprovechar la experiencia acumulada en el cultivo del girasol y la remolacha, para que sirva de alternativa agrícola en la producción de biocombustible.

ESPAÑA Y EL CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

POSICIÓN DE PARTIDA: Combustibles en vías de agotamiento y responsables del cambio climático.

- España no dispone de pozos petrolíferos, y por tanto debe importar todo el petróleo que consume.
- El sector que más petróleo consume es el transporte por carretera.
- Dicho consumo genera emisiones de gases con efecto invernadero que no han sido consideradas en el compromiso adquirido al firmar el Protocolo de Kioto.

CONCLUSIONES:

- La mejor manera de reducir el consumo de petróleo es modificar el reparto modal del transporte, tanto en el caso del transporte de personas como en el de mercancías, logrando que el papel de la carretera sea menor.

PROPUESTAS:

- Paralización inmediata de la inversión en nuevas carreteras.
- Actualización y mejora del estado de todas las líneas ferroviarias existentes.
- Aumento de la oferta de servicios ferroviarios, sobre todo en trenes de cercanías y trenes regionales.
- Implantar trenes de cercanías en las 82 "Grandes Áreas Urbanas" recogidas en el "Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas en España 2004", publicado por el Ministerio de Vivienda.
- Servicios de transporte público colectivo, en plataforma reservada, para las 269 "Pequeñas Áreas Urbanas", recogidas en el mismo Atlas.
- Tarifas sociales para el transporte público colectivo, con exención del IVA o un IVA máximo del 4%.

COMO ANEXO A TODO LO ANTERIOR:

- Seguimos impulsando el desarrollo sostenible, y considerándolo como el modelo productivo que puede acabar con las desigualdades sociales.

- Seguimos defendiendo la educación como forma de extender e incrementar el conocimiento y facilitar la toma de decisiones en las mejores condiciones posibles.

- Y sobre todo, seguimos apostando, en todas las propuestas, por la titularidad pública, por el empleo público y por situar los objetivos sociales antes que los económicos.

LOS EXCESOS EN INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO DESTRUYEN LOS ESPACIOS NATURALES
(Conclusiones del Taller de Espacios Naturales)

Son muchas las presiones a los que se ven sometidos los espacios naturales del
Estado español: los intereses especulativos sobre el suelo, la nefasta política forestal desarrollada hasta el momento, el exceso de campos de golf, los incendios forestales, la proliferación de obras públicas de escasa rentabilidad social,... En definitiva la ausencia de una verdadera política de ordenación territorial, que considere el territorio como algo vivo y no como un mero soporte inerte sobre el que desarrollar actividades económicas en el marco de una economía productivista alejada de parámetros sostenibles.

Una política de ordenación del territorio que tenga en cuenta no sólo los valores propiamente paisajísticos, faunísticos, botánicos, etc, de los espacios naturales, sino también a sus habitantes como protagonistas del aprovechamiento integral y sostenible de los recursos endógenos de estos territorios, a partir de iniciativas locales y comarcales de desarrollo con carácter social.

Una política de ordenación del territorio que, en coordinación con políticas -económicas sostenibles y con objetivos preferentemente sociales, deje de considerar el mundo rural como mero depósito de recursos al servicio del crecimiento de las áreas urbanas y de la acumulación de capital, estableciendo límites claros a la transferencia de los recursos hacia las áreas de mayor crecimiento, con el doble objetivo de propiciar su aprovechamiento endógeno y de controlar, y acotar, la expansión urbanística y productiva de las áreas que en la actualidad crecen aberrantemente, y en exceso, sin ningún tipo de planificación pública.

La irrupción del productivismo en los espacios naturales, ajeno al desarrollo endógeno sostenible y al necesario protagonismo de los habitantes del mundo rural en el aprovechamiento de sus recursos, junto a la ausencia de políticas de ordenación del territorio integrales, prescindiendo de estos elementos, así como de ordenación del territorio de carácter global y no refiriéndose solamente al propio espacio considerado en sí mismo, está provocando la pérdida de recursos naturales insustituibles, el abandono del mundo rural y la consiguiente pérdida de una cultura y un modo de vida secular de carácter sostenible.

Es significativo que mientras la población española ha crecido en la década de 1990-2000 un 5%, la urbanización lo ha hecho un 25,4%, esto es, 5 veces más que el propio crecimiento demográfico. Ni que decir tiene que, con creces, el parque inmobiliario en el Estado es muy superior a la demanda real (independientemente de que en la actualidad, necesidad y demanda de vivienda son dos realidades divergentes, y de que a pesar de los cerca de 3 millones de viviendas vacías que existen en España hay muchos ciudadanos que no tienen posibilidades reales de acceder a este derecho básico), pero ello no es obstáculo para que la tendencia "hiperurbanizadora" continúe en aumento. Al contrario, se crean nuevos proyectos y objetivos para que el gran grupo de presión de las constructoras, locomotora de la economía estatal, y en estos momentos primer factor de acumulación del capital, no desacelere su ritmo ni se retraigan los indicadores macroeconómicos o descarrile la economía, por seguir utilizando el símil ferroviario. Es tal el poder de estas empresas que a nadie se le escapan casos de transfuguismo, de mociones de censura o incluso investigaciones y condenas penales de cargos públicos en los que casi siempre hay detrás una trama inmobiliaria. Y aun más, ese poder alcanza incluso a forzar cambios de gobierno (por ejemplo en la Comunidad de Madrid) cuando el que se va a formar parece no responder totalmente a los intereses del capitalismo inmobiliario, poniendo en lugar de los democráticamente elegidos a un gobierno que demuestra de manera clara su papel de representante de los intereses de las constructoras, inmobiliarias y banca, desde el que se promueven obras públicas e infraestructuras, incluso económica y socialmente innecesarias y contraproducentes, con e! único objetivo de que el proceso de acumulación de capital no se detenga y la tasa de beneficio no disminuya.

Ejemplo de lo anterior lo encontramos en el sector turístico, donde a pesar de que la tendencia del último quinquenio es a la reducción de visitantes, de días de ocupación y de gasto, sin embargo la oferta continúa su aumento incluso en detrimento del propio sector. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ha calculado pérdidas de rentabilidad entre el 15 y el 30% para el 70% de los hoteles y alojamientos turísticos del Estado español.

Por tanto, la hipertrofia del sector inmobiliario (sus intereses) y la ausencia de políticas integrales y sostenibles de ordenación territorial, son actualmente las causas principales de la mayoría de los problemas que afectan a nuestros espacios naturales y al territorio en su conjunto, ya sea por medio de la iniciativa privada o de la pública.

Para paliar o eliminar los problemas, desde el Área Federal de Medio Ambiente aportamos una serie de medidas a considerar:

1.- Se hace necesario un cambio en la financiación de los entes locales. Los ingresos de éstos no se pueden hacer depender mayoritariamente de la concesión de licencias urbanísticas.

2.- Una verdadera Ordenación Territorial. Con letras mayúsculas, una ordenación que planifique el territorio teniendo en cuenta los valores naturales y endógenos de los espacios protegidos y no únicamente como respuesta a criterios económicos, primando los primeros sobre los segundos. Una ordenación que tenga como objetivo la configuración de un territorio lo más equilibrado y cohesionado posible, y que establezca límites claros tanto a la extracción y exportación de recursos de las áreas rurales, como al crecimiento de las áreas urbanas.

3.- Ordenación territorial "extensiva". Es decir, que tenga en cuenta las relaciones ecosistémicas de los espacios protegidos con el contexto territorial amplio en que se inscriben. Los espacios naturales no son islas a modo de santuarios, ni pueden diseñarse como tales, ni como polos de atracción y de aumento del valor añadido de las urbanizaciones programadas en su entorno.

4.-Redacción de planes de desarrollo sostenible. Las poblaciones locales deben ser los primeros beneficiarios del aprovechamiento de los recursos de su territorio. Las actividades sostenibles tradicionales deben ser puestas en valor como elementos que permiten la pervivencia de los espacios protegidos. La deshumanización, el despoblamiento, constituye una de las mayores dificultades para la conservación de esos territorios. Los planes de desarrollo sostenible deben sentar las bases necesarias para el desarrollo endógeno y autosuficiente de los espacios naturales, desterrando para siempre las políticas clientelares y de subsidios permanentes.

5.- Valoración de la necesidad real de los proyectos urbanizadores, o de las obras públicas, e integración real de sus costes. Con especial mención del "coste ecológico", como un coste más a tomar también en consideración.

6.- Dotación presupuestaria para vigilancia, conservación e investigación de los territorios protegidos.

7.- Cumplimiento de la legislación vigente, muy en particular la Ley de Costas, y ejercicio real de las competencias que las administraciones públicas tienen en virtud del ordenamiento jurídico.

8.- Respeto y/o acatamiento de los informes y recomendaciones de los departamentos de medio ambiente y ordenación territorial de las administraciones públicas. En no pocos casos, informes de estos departamentos se ven ninguneados por la supuesta preferencia de las decisiones tomadas por los departamentos de fomento, desarrollo, obras públicas u otros de este mismo tipo.

9.- Regulación y limitación del número de campos de golf, y control de los recursos hídricos de los que se benefician. Con expresa prohibición de creación de nuevos campos de golf en aquellos lugares donde exista escasez de agua. Los campos de golf sirven, a día de hoy y la mayoría de las veces, de justificación para nuevas promociones inmobiliarias principalmente en el litoral.

En cuanto al problema de los incendios forestales se hace necesaria la adopción de una serie de medidas fundamentales:

1.- Preferencia del gasto e inversión en prevención sobre la extinción de incendios. En esta línea, firme apuesta por la silvicultura preventiva, la ganadería extensiva y la eliminación de monocultivos madereros en las zonas forestales como medios óptimos, preventivos y sostenibles en la lucha contra incendios.

2.- Puesta en valor y ayudas para el bosque autóctono, en particular en el caso del bosque mediterráneo, y de las comunidades que tienen el aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque como su principal medio de vida (por ejemplo, cierre del ciclo productivo del corcho).

3.- Dotación de medios para los servicios contraincendios, creación de un cuerpo especial y dotación de fiscales especializados. Seguridad laboral y empleos no precarizados.

4.- Mando único en las tareas de extinción y fomento de la participación de las comunidades rurales como expertos conocedores del territorio.

5.- Las Fuerzas Armadas, y los medios a su disposición, deben utilizarse como complemento en las tareas de extinción.

6.- Creación de un pacto social en la prevención de incendios y en la planificación de las tareas de extinción.
Por último, se hace necesario el desarrollo de campañas de educación ambiental que pongan en valor la importancia de nuestros bosques y espacios protegidos, como algo común y digno de preservar, así como la importancia de consumir productos originarios de estos lugares y elaborados o recogidos de forma sostenible.

LA "VIEJA CULTURA DEL AGUA" HA SIDO DESBORDADA POR LA TOZUDA REALIDAD
(Conclusiones del Taller de Agua)

1. NECESIDAD DE UN PROFUNDO CAMBIO EN EL MODELO DE GESTIÓN
Las contradicciones del modelo económico imperante se manifiesta en el agua como en otros muchos temas. El agua, su problemática y los modelos de gestión asociados son excelentes indicadores de las consecuencias de un sistema productivo basado en la insostenibilidad.

Como conclusión general de los debates celebrados en el "taller del agua" podemos extraer la siguiente: El modelo de gestión asociado a "la vieja cultura del agua" ha quedado desbordado por la realidad y es incapaz de proporcionar las respuestas necesarias. Tales insuficiencias son evidentes en la actual coyuntura estatal, cuando se intensifican ios problemas y se habla incluso de "guerra del agua".

El tema del agua, que tiene múltiples implicaciones ambientales, sociales, políticas, territoriales, etc, es también motivo de instrumentalización por parte de determinados líderes políticos. Esta instrumentalización permanente, a nuestro juicio, sólo sirve a intereses electorales locales, y, a la vez, nos aleja de las soluciones necesarias, que son complejas y precisan de una amplia concienciación social.

2. LA NUEVA CULTURA DEL AGUA

En contraposición al viejo modo de ver la gestión del agua, surgen los planteamiento de la "nueva cultura del agua", que cuestionan los elementos fundamentales de la anterior tradición como el aumento ilimitado de la demanda o el derecho al agua como bien privativo, desligado de la finalidad social de la propiedad.
Diferencias entre la vieja y la nueva cultura del agua

VIEJA CULTURA AUTORITARIA
NUEVA CULTURA DEMOCRÁTICA

Más embalses y trasvases
Gestión del agua y del territorio

Aumento Suministro 1 .050 hectómetros cúbicos a corto plazo
Cultivos adecuados a las condiciones edafológicas Eficiencia en redes y riegos Gestión de las redes urbanas Depuración de las aguas


El agua es un «bien público»
El agua es un recurso natural público, ecológico y social

Apropiación privada de las concesiones públicas "El agua es nuestra"
Los usuarios deben pagar por ella y no contaminarla (repercusión de costes sobre usos)

El «pobre agricultor» necesita agua, aunque no pague por usarla
Es agricultor quien vive de la agricultura, los inversores agrarios y los cazaprimas no son agricultores.

Tendencia evidente al incremento acelerado de las necesidades
Horizonte de estabilización y reducción de las necesidades.

Algunas implicaciones de la nueva cultura del agua que defendemos son:

Es fundamental la planificación del uso sostenible de los recursos de agua existentes en las diferentes cuencas fluviales, basándose en el conocimiento de los consumos reales de cada actividad humana y en la gestión integrada de los recursos superficiales y subterráneos.

Utilización racional del agua basada en el ahorro y la eficiencia, reduciendo las pérdidas en las redes de distribución, fomentando técnicas de riego más eficaces, depurando y reutilizando este recurso.

Eliminación de la sobreexplotación, vertidos incontrolados, captaciones, roturaciones y regadíos ilegales.

Organización territorial equilibrada y armónica basada en el uso responsable y solidario de los recursos.

Recuperación y conservación de los ecosistemas húmedos, asegurando la protección efectiva del dominio público hidráulico, la conservación de los acuíferos y la protección de las escorrentías.

3. LA ACCIÓN POLÍTICA Y LA MOVILIZACIÓN SOCIAL, CLAVES PARA UN CAMBIO DE MODELO
La apuesta de IU por la nueva cultura del agua no es algo coyuntural sino un compromiso fundamental para evitar graves desastres, que hoy se reflejan en fenómenos como la permanente disminución de los recursos superficiales, las amenazas para gran número de ecosistemas o el desenfrenado aumento de la demanda asociado a macroproyectos urbanísticos de carácter claramente especulativo.

El impulso de los cambios pendientes debe ser realizado tanto desde lo programático y la actuación política diaria como desde una amplia concienciación de la ciudadanía. Así, el problema requiere cambios audaces que pueden y deben ser impulsados a través de la movilización social.
El cambio en la cultura del agua, tiene ya hitos destacables a través de la movilización ciudadana (oposición al trasvase del Ebro, la plataforma Xúquer Viu, etc).

A este respecto, Xúquer Viu es un excelente ejemplo de las potencialidades de la lucha y la concienciación ciudadana desarrollada desde la pluralidad de organizaciones, colectivos y personas partidarios de la sostenibilidad en el País Valencia. A pesar de que queda mucho por hacer, son innegables los primeros
éxitos de quienes impulsan estos cambios. Por ejemplo la derogación del Trasvase del Ebro y la más reciente modificación del proyecto del Trasvase Jucar-Vinalopó. '
Hemos de reconocer igualmente la existencia de ciertos avances culturales, normativos y políticos significativos en el debate sobre el cambio de modelo de gestión del agua.

4. RETOS PENDIENTES
Para llevar a la práctica los cambios necesarios son precisas reformas como la transformación de las confederaciones hidrográficas. Se trata de un cambio tendente hacia una mayor transparencia y una gestión más democrática, real también en la toma de decisiones.

Paralelamente, es preciso plantear modelos de intervención en los que la gestión del agua esté muy ligada al territorio. El agua no puede ser vista como mera "materia prima" que podemos llevar de un lado a otro según intereses económicos coyunturales.
Es preciso también frenar, en la medida de lo posible, el descontrol en el aumento de la demanda (más de 60 campos de golf están proyectados sólo en la Región de Murcia. Algunos destacados municipios de la región tienen previsto triplicar su población residencial en una década).

Desde la eficacia y la apuesta por lo público hemos de promover la gestión y titularidad pública del agua como garantía de mayor democracia y utilidad social.
Impulsar medidas que aumenten la responsabilidad de los usuarios en el consumo.
Es necesario llevar a cabo una revisión en profundidad del actual sistema de concesiones, que en muchos casos garantiza grandes caudales para pocas personas y para usos socialmente no convenientes.

En este punto, es fundamental una distribución de los consumos que, además de garantizar a todas las personas un acceso adecuado a los recursos hídricos necesarios, (como mínimo se estima que deben garantizarse entre 100 y 150 litros por persona y día a toda la población, con buena calidad y a un precio asequible) valore la rentabilidad social y ecológica.

El análisis de la relación del consumo de agua con la creación de empleos es demoledor para la vieja forma de gestionar el agua como concesión ilimitada y para todo. Así, por ejemplo, para generar un empleo agrario adicional al que se obtiene en el cultivo en secano, el arroz, los cereales y el girasol (productos excedentarios), se requiere del orden de 80 veces más agua que en un invernadero o en el cultivo de la fresa. ¿Convienen a la sociedad y al medio ambiente determinados modos de gastar el agua? ¿Deben ser intocables? La razón nos dice que no.

GRUPOS DE CULTIVOS AGUA PARA AUMENTAR UN EMPLEO RESPECTO AL SECANO (M3/UTA)

Arroz, cereales y girasol
400.000 - 700.000

Algodón, remolacha
200.000 - 300.000

Olivar
50.000 - 80.000

Frutales y cítricos
20.000 - 40.000

Hortalizas al aire libre
15.000-25.000

Invernaderos y fresa
5.000 - 8.000

Fuente: Leandro del Moral. Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua.

En el debate planteado, que no podemos abordar en su totalidad en unas jornadas, sino que debe ser materia de un tratamiento más profundo, quedan importantes temas que clarificar. En concreto, durante las jornadas se ha hablado sobre dos temas claves que IU deberá seguir analizando en el futuro. Se trata de la vigencia de los "bancos del agua", sus implicaciones y riesgos, y también de la cuestión de los precios y su repercusión sobre el usuario.

Para finalizar, no hemos de pasar por alto el papel fundamental de la educación en todo progreso social. Valores como el respeto al medioambiente, y enseñanzas como la limitación de los recursos naturales, resultan imprescindibles para avanzar hacia la nueva cultura del agua que defendemos.


EN LOS RESIDUOS, PRIMERO REDUCIR, LUEGO REUTILIZAR Y FINALMENTE RECICLAR
(Conclusiones del Taller de Residuos)

Diagnóstico: la situación actual de la generación de residuos en España

a) Los datos disponibles indican que en los últimos años se ha incrementado de forma importante la generación de residuos: si en el Plan Estatal de Residuos se proponía un descenso del 6% para 2000-2006, la realidad es que se va a alcanzar un incremento algo inferior al 44% (43,76 %). Niveles de fracaso similares se han dado también en las previsiones hechas por las comunidades autónomas.

b) Hay que destacar, sin embargo, que carecemos de datos fiables, homogéneos y contrastables sobre la situación de los residuos en España, lo que impide disponer de indicadores claros para medir adecuadamente la generación. Ello se ha reflejado en los planes de ámbito estatal, donde aparecen significativas ausencias. Por tanto en la mayor parte de los casos se ha trabajado con estimaciones, sin que hasta el momento se aprecien indicios de mejoras significativas dada la falta de voluntad de control, y por tanto de información, de la mayor parte de las comunidades autónomas.

c) Esta evolución en la generación de residuos ha tenido lugar en un contexto en el que las administraciones públicas, haciendo dejación de sus funciones, no han cumplido adecuadamente con su papel de obligar al cumplimiento de las leyes y reglamentaciones en vigor, tanto a los agentes económicos como a ellas mismas.

d) Ello ha favorecido que sean los propios agentes económicos los que en buena medida hayan dictado cual es el modelo de gestión de los residuos. Estos han decidido la forma de la gestión y han marcado los objetivos a alcanzar, apoyados en un paulatino proceso de privatización que ha ido produciéndose en la gestión municipal de residuos durante los últimos años. En este sentido, son un ejemplo destacable los sistemas integrados de gestión de envases y envases usados, donde las entidades locales han quedado, y así lo ha demostrado la práctica, completamente relegadas y sin una vía clara para recibir la financiación correspondiente en caso de querer optar por otras fórmulas para cumplir, en su ámbito, con los objetivos y demás requisitos de la directiva.

e) Además, el papel de las instituciones en la gestión de los residuos se limita en la práctica casi exclusivamente a la gestión de los residuos municipales, que sólo suponen aproximadamente el 5,5% del total de residuos generados, quedando olvidados el resto de residuos: industriales, de la construcción, ganaderos...

f) Tampoco se ha prestado la importancia debida a la prevención, que siempre se destaca como un objetivo primordial en todas las propuestas y normativas que se desarrollan sobre la materia, pero sin que éstas se acompañen de acciones correspondientes.

g) Por el contrario, no siendo la REDUCCIÓN - PREVENCIÓN una actividad económicamente rentable, se abandona este importantísimo criterio-objetivo, en beneficio de otras actividades más lucrativas como la prestación de servicios de gestión de residuos, que sí son un negocio que aporta a las empresas gestoras un beneficio económico importante.

h) Asimismo, se ha detectado un notable incremento de la incineración sin que se haya aumentado el número de incineradoras. La presión social ha impedido la construcción de nuevas incineradoras, pero éstas han sido sustituidas en sus funciones por las cementeras, precursoras de ese aumento. Con ello, las administraciones públicas eluden promover una gestión basada en la prevención, la reutilización y el reciclaje y se decantan por una gestión insostenible, favoreciendo además a la industria cementera, que con ello ahorra gastos en combustibles y sale favorecida en el reparto de cuotas de emisión de CO2.

¿Qué hacer? Nuestras propuestas

1. Toda gestión de residuos respetuosa con el medio ambiente se debe basar en los criterios de reducción, reutilización y reciclaje.

2. La gestión de residuos debe ser considerada como un servicio público esencial, y por tanto, la gestión de los residuos no debe venir determinada o condicionada por criterios de rentabilidad económica que no asume la totalidad de los costes reales existentes en esta actividad. Esta propuesta supone la aplicación a la generación de residuos del principio "quien contamina paga".

3. Además, la gestión de los residuos es un servicio público que debe ser ofrecido por las administraciones públicas. Las distintas administraciones —Estatal, Autonómica y Local—, deben elaborar planes de gestión, donde se fijen criterios y objetivos a alcanzar que sean evaluables en plazos de tiempo predeterminados con ratios de volumen por habitante y año. En la fijación de los mismos debe contemplarse la optimización de los recursos de gestión existentes y planificar el desarrollo de las infraestructuras e instrumentos necesarios para alcanzar un modelo de gestión sostenible, que priorice la reducción y la reutilización, como la forma principal de gestión de residuos, tras la que venga el reciclaje.

4. Debe implementarse un sistema de indicadores que, de forma complementaria a la información citada anteriormente, permita una fórmula sencilla el seguimiento y control de los resultados por parte de los ciudadanos y de las diferentes administraciones involucradas, como podría ser: kg/habitante y año, para los residuos primarios, procedentes de domicilios particulares o kg/unidades distribuidas o producidas, para envases secundarios y terciarios de origen comercial, industrial, etc.

5. El sistema de gestión de residuos debe articularse desde el principio de proximidad entre la generación y la gestión, de modo que debe evitarse el trasiego a larga distancia de los residuos y hay que avanzar en el sentido de que las poblaciones autogestionen los residuos, aplicándose los criterios de proximidad y suficiencia que deben inspirar los planes de residuos correspondientes.

6. Rechazamos la incineración de residuos. La incineración de residuos es siempre un despilfarro de recursos e implica contaminación, graves daños al medio ambiente y perjuicios a la salud de los ciudadanos. Por ello, la incineración no puede ser aceptada como forma de valorización, ni energética ni de ningún tipo. La calificación de valorización energética es la forma amable y engañosa de presentar este sucio y lucrativo negocio por parte que quienes no atienden más consideraciones que a su enriquecimiento.

7. Es necesario ampliar las precauciones en la gestión de los residuos peligrosos, evitando su concentración, pero sobre todo reduciendo su producción y poniendo en marcha alternativas en los procesos productivos que reduzcan la peligrosidad de los residuos generados.

8. Es indispensable una adecuada recogida selectiva, que reduzca ostensiblemente la presencia de impropios, a fin de que pueda alcanzarse un buen sistema reutilización y reciclaje. Los residuos que ya no puedan ser aprovechados deberán acabar en vertederos y ser sometidos a tratamientos de minimización y estabilización, descartándose la incineración. Es, además, un objetivo inmediato e irrenunciable en el ámbito de la recogida selectiva, la generalización en todo el Estado de la recogida de materia orgánica.

9. Debe promoverse también una ley de prevención de los residuos, que aborde su reducción y que contemple medidas tales como la evitación del sobreenvasamiento y el desarrollo de sistemas adecuados de retorno para la reutilización.

10. La participación ciudadana ha de ser esencial en el diseño de la planificación de la gestión de los residuos. Ello ha de permitir no sólo tener en cuenta la opinión de los ciudadanos, sino también favorecer la adquisición de buenas prácticas entre los mismos, a fin de promover una adecuada gestión de la recogida selectiva, frente a la cual las medidas actuales de sensibilización se han revelado excesivamente costosas y poco exitosas.

11. Deben ampliarse las medidas de fiscalidad ambiental sobre residuos industriales, de la construcción y urbanos, actualmente sólo desarrolladas parcialmente en un número reducido de comunidades autónomas, a fin de mejorar la financiación de la gestión sostenible, y de acuerdo con criterios de retorno favorables a los municipios que desarrollen buenos sistemas de reducción, reutilización y reciclaje.

12. La mejora de la gestión de los residuos debe promoverse también desde la incidencia en el cambio de las pautas de consumo dominantes, en las cuales el hiperconsumo da lugar a un modelo de hipergeneración de residuos, en beneficio de otros modelos más coherentes con los recursos disponibles y con el medio ambiente, que necesitamos para vivir. En este ámbito también ha de jugar un gran papel la educación ambiental.

13. El éxito en el desarrollo de una gestión sostenible de los residuos pasa necesariamente por una mayor concienciación por parte de la ciudadanía y por la presión que ésta pueda generar. El desarrollo de una "cultura de la suficiencia" no depende sólo de decisiones morales individuales, sino de la acción política orientada y de un gran esfuerzo de democracia participativa.
MADRID, 29 DE OCTUBRE DE 2005

PARQUE NACIONAL DE GUADARRAMA: Curso IU en El Espinar 26-27/11/2005

La sumisión de la naturaleza del Guadarrama al capitalismo inmobiliario
Las legislaturas en las que ha gobernado el Partido Popular en la Comunidad de Madrid han estado marcadas por una evidente degradación ambiental y, debido a la hegemonía política del capitalismo inmobiliario, la prioridad de la construcción y de la creación de grandes infraestructuras, que junto con el retroceso en la cohesión social y política de la sociedad, hace que el balance sea muy negativo, con unas perspectivas de evolución, si continúan las tendencias actuales, y así ha sucedido en el último año, bastante preocupantes.

En estos ocho años las políticas activas de protección de la naturaleza han brillado por su ausencia, las evaluaciones de impacto ambiental han sido un mero trámite, las directivas ambientales se trasponen tarde, mal o nunca, se ha modificado legislación en sentido desregulador, y se ha favorecido un crecimiento desorbitado del consumo de recursos y de ocupación del suelo con la consiguiente producción de residuos, y la degradación de la naturaleza.

El Gobierno de Esperanza Aguirre se inició con uno de los golpes más duros para el Medio Ambiente (con mayúsculas) de la Comunidad, la desaparición de la Consejería de Medio Ambiente y su unificación con Urbanismo ha constituido un paso más de supeditación de la conservación y mejora de la naturaleza a los intereses del capitalismo inmobiliario y no olvidemos, que este tuvo un papel muy importante en los acontecimientos, transfugismo de Tamayo y Saéz, que llevaron a la repetición de las elecciones autonómicas.

Como lógica consecuencia, Esperanza Aguirre antepuso los intereses de las asociaciones de promotores urbanísticos a las reiteradas solicitudes del movimiento ecologista para que se mantuviese como órgano independiente la Consejería de Medio Ambiente. Como era de esperar, un año después, la unificación de las dos Consejerías no ha dado el resultado que prometía la actual Presidenta, anteponer la protección ambiental a la especulación urbanística. Por el contrario, la avalancha de nuevos planeamientos urbanísticos tratando de incorporar zonas de espacios protegidos al suelo urbano se está convirtiendo en una práctica demasiado frecuente (Moralzarzal, El Boalo, Villanueva de la Cañada, Majadahonda y Las Rozas, Guadarrama, Torrelodones, Galapagar, o Cercedilla). La prometida transparencia en las sesiones de la Comisión Provincial de Urbanismo (Órgano autonómico que supervisa y aprueba los planeamientos urbanísticos) tampoco se ha producido.

Otros municipios, teóricamente protegidos por el paraguas de "Leyes del Parque" se están librando, hasta cierto punto de esta voracidad del cemento. Y decimos hasta cierto punto, porque por una parte la presión inmobiliaria es enorme y sobre muchos de estos, se cierne la amenaza de las infraestructuras viarias, como el cierre de la M 60, parte de cuyo trazado transcurriría por zona A1 del Parque Regional del Manzanares, o la ampliación de la A6 y la apertura del tercer túnel de Guadarrama.

Para el entorno natural madrileño, la reducción del presupuesto, en 2004, dedicado a medio ambiente ha dificultado que se lleven a cabo actuaciones importantes como la compra de fincas de gran valor ambiental. Actuación que serían esenciales en espacios protegidos como el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, o el del Curso Medio del Río Guadarrama, o por proteger, como el futuro Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, territorios donde la escasez o inexistencia de suelo público dificulta enormemente una gestión de calidad. Las previsiones para el próximo año no son mejores. El proyecto de presupuestos de 2005 vuelve a destinar escasos medios a la conservación y la mejora del medio ambiente madrileño.

Otra consecuencia de la precariedad presupuestaria en temas relacionados con el medio ambiente es el escaso personal destinado a tramitar los expedientes sancionadores tanto de Medio Ambiente como de Urbanismo. Aunque este es un problema ya heredado del anterior equipo de Gobierno no se ha hecho nada para mejorarlo. La casi paralización de los Servicios de Disciplina Ambiental y Disciplina Urbanística permiten que importantes infracciones queden impunes, simplemente, porque prescriben. El malestar en este sentido no es único entre los ecologistas, los propios agentes forestales de la Comunidad han protagonizado numerosas movilizaciones denunciando esta situación.

Por otra parte, la revitalización de proyectos enormemente impactantes, que ya estaban resueltos, como el desdoblamiento de la carretera M-501, la llamada carretera de los pantanos, es otro aspecto que el movimiento ecologista, así como desde Izquierda Unida criticamos muy duramente. Este proyecto está siendo fomentado desde la propia Consejería de Infraestructuras obviando los informes del CSIC, el máximo organismo científico del Estado. Igualmente, la constante insistencia de Esperanza Aguirre por llevar a cabo, proyectos muy impactantes y muy discutibles desde el punto de vista técnico, como el cierre de la M-50 por El Pardo), la ampliación de la A 6 y de la apertura del tercer túnel del Guadarrama, o de viabilidad económica más que dudosa (como el caso de las radiales), demuestran, que estamos ante un Gobierno no sólo insensible, sino agresor, de las cuestiones ambientales.

La política de urbanismo de Esperanza Aguirre ha favorecido la expansión incontrolada de la urbanización con el consiguiente deterioro ambiental. Partidaria de una Ley del Suelo que convierte en urbanizable cualquier espacio que no esté especialmente protegido, el suelo urbanizable ha crecido de forma desmesurada, y la especulación urbanística se ha convertido en el principal negocio de nuestra Comunidad en general y en la Sierra de Guadarrama en particular.

La construcción se ha convertido en la primera industria española y madrileña. Somos el país de Europa donde más viviendas se construyen y donde más patrimonio inmobiliario se destruye. Paradójicamente, aunque hay un parque de viviendas sobredimensionado, parece haber necesidad de ellas. El alquiler es escaso y caro, no hay viviendas de promoción pública y se premia la compra. La vivienda ha dejado de ser un bien de uso, para convertirse en un bien comercial y de inversión, inalcanzable para amplios sectores sociales.

Esta expansión urbanística ha generado gravísimos impactos ambientales, especialmente la ocupación descontrolada del territorio por nuevas urbanizaciones que ocupan espacios naturales, con un enorme gasto y trasiego de materiales y residuos; la urbanización concentrada en pocos puntos fuertes del territorio, donde se forman conurbaciones difusas, poco densas, extendidas en forma de mancha de aceite, con segregación de usos y basadas en el automóvil como medio de conexión; es decir, la expansión de un único modelo constructivo.

Con este gobierno, servidor de los intereses económicos del capitalismo inmobiliario, intereses económicos y de clase de los que es expresión política, la Comunidad de Madrid y la Sierra de Guadarrama, no avanza en la dirección de la sostenibilidad ecológica, excepción loable de algunos municipios, con concejalías ambientales de Izquierda Unida, que con sus iniciativas ambientales intentan crear "islas" de sensibilidad ecológica en el mar del cemento, el asfalto y el coche particular en que el Partido Popular y en muchos casos los gobiernos municipales del PSOE (ejemplo Cercedilla) están convirtiendo el territorio de la Comunidad de Madrid.
Por otra parte, el territorio está adquiriendo una nueva funcionalidad política y esto se está observando de manera importante en la Comarca de la Sierra de Guadarrama. Por un lado la unidad territorial es lo más estable dentro de este mundo de cambios constantes, por otro lado el territorio es fuente de especulación y de privatización para la revalorización del capital. En tercer lugar la planificación del territorio para fomentar políticas neoliberales genera problemas ambientales y de transportes que encarecen la calidad de vida de los ciudadanos.

El gobierno de Esperanza Aguirre no actúa de nuevo, sino que sigue los pasos, acentuándolos de su antecesor Gallardón y entre unos y otros están dejando un triste balance ambiental, desde el punto de vista de la conservación de su naturaleza, del estado medioambiental de sus aguas, atmósfera y suelos, y de su sostenibilidad ambiental y social a largo plazo.

El deterioro de los espacios naturales madrileños es bien visible: el impacto desmedido de las grandes infraestructuras, la especulación urbanística y la falta de vigilancia están destruyendo ecosistemas que serían el orgullo de cualquier otra región-capital europea, poniendo en riesgo la supervivencia de algunas de las especies vivas más valiosas del mundo como el Águila Imperial.

A pesar de todo, medioambientalmente, la Comunidad de Madrid, a pesar del alto grado de urbanización y de las tendencias expansivas de ocupación del territorio, es todavía un caso singular en Europa por la riqueza y variedad de sus ecosistemas, lo que hace del patrimonio ecológico uno de nuestros valores principales, aunque las actuaciones agresivas hacia el entorno natural derivadas del modelo de desarrollo neoliberal dominante en los últimos años han venido a poner a dicho patrimonio en situación de grave riesgo.

La estructura económica, laboral y social de la Comunidad Autónoma de Madrid es relativamente compleja. En ella convive un sector primario tradicional y numéricamente residual con sectores muy modernos vinculados a la globalización neoliberal, con un porcentaje elevado de empleados públicos, funcionarios y no funcionarios, y una clase obrera tradicional cada vez menos importante, pero que aún tiene un peso en algunas zonas del cinturón de Madrid. Existen ya algunos documentos de Izquierda Unida que tratan de analizar estos grupos y estratos sociales.

Pero además de esto es importante tener en cuenta que el análisis y la clarificación política de los intereses inmobiliarios debería ser una prioridad para la izquierda transformadora en nuestra Región y en nuestra comarca, ya que afecta no sólo a la relación de fuerzas en términos de distribución y reparto del producto social, sino también a aspectos no menos relevantes como el modelo de desarrollo, la ecología urbana y rural, la ética pública y a la participación democrática en la configuración del espacio público. El caso Tamayo y Sáez han de entenderse en este contexto.

Podemos decir que el alto precio de la vivienda, así como su continúo y elevado aumento del en nuestra Comunidad Autónoma tiene una desigual repercusión en tres tipos de colectivos diferentes:

a. por un lado están las grandes empresas de la construcción y las inmobiliarias que se benefician de la política económica de desregulación del sector que ellos mismos le dictan al gobierno. Este grupo, junto con otros sectores tradicionalmente influyentes como la banca o las redes de lavado de dinero, son los principales beneficiarios de la especulación inmobiliaria.

b. todos los propietarios de pisos que se benefician de la subida de precios, junto con los pequeños empresarios y autónomos que se mueven en el sector de las inmobiliarias, de la construcción y de los servicios a una y otra ligados y que pueden incrementar considerablemente su cifra de negocios

c. todos aquellos que no tienen posibilidad de acceder a la vivienda en propiedad o que, conscientes del carácter destructivo del modelo, rechazan conscientemente la dinámica impuesta por la especulación inmobiliaria aún cuando materialmente también pueden salir beneficiados de ella.

El primer y el segundo grupo forman la base social del entramado hegemónico vinculado al capitalismo inmobiliario madrileño. Representan uno de los pilares principales de la hegemonía política del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Pero sería un acto de ingenuidad pensar que el PSOE, o incluso algunos sectores de nuestro propio entorno, se encuentran al margen de dicho entramado.

Este entramado que genera una situación de hegemonía 1 no es exactamente una "imposición" del primer grupo al resto de la sociedad madrileña, sino que se basa en un intercambio de ventajas entre el primer y el segundo grupo. Sin duda alguna un sector de las clases subalternas también sale beneficiado de esta constelación social. De hecho, las clases subalternas madrileñas, que llevan siendo víctimas desde hace más de veinte años de un alto desempleo estructural, son enormemente vulnerables y, por tanto, proclives a dar su consentimiento a un orden económico de estas características.

A cambio de su consentimiento político, de despedirse de los valores de la izquierda y de votar a la derecha, la política del PP crea puestos de trabajo y crea las condiciones para que mejore el patrimonio inmobiliario de todos los propietarios. Las plusvalías reales y esperadas sirven, por otro lado, para financiar infraestructuras viarias e incluso de transporte público puesto que estas alimentan aún más la revalorización de las inversiones inmobiliarias.

El 8% de los puestos de trabajo en España están directamente vinculados al sector de la construcción, el porcentaje más alto de toda la Unión Europea y en la Comunidad de Madrid este porcentaje es considerablemente superior. España con 40 millones de habitantes consume más cemento que Francia y Alemania juntas con 140 millones de habitantes lo cual genera un volumen ingente de trabajo, en parte cubierto con trabajo emigrante, en parte con trabajo nacional. A este volumen de empleos hay que sumarle los puestos de trabajo indirectos que se mueven alrededor del sector, desde los servicios financieros e inmobiliarios, hasta las pequeñas empresas, talleres y transportistas indirectamente relacionados con el sector de la construcción.

Pero las "ventajas" no radican sólo en la creación de puestos de trabajo. El 85% de los hogares españoles son propietarios de sus pisos, la cifra más alta de la Unión Europea y, de estos, el 70% ya no tiene que pagar letras. Esta constelación produce un importante grupo al que podríamos poner el nombre de "rentistas inmobiliarios" cuya ganancia reside, no sólo o no tanto en el trabajo, por lo demás mal pagado y poco estimulante, sino en la revaluación de su patrimonio inmobiliario. Esta revaluación amplía la capacidad de endeudamiento de los hogares y el volumen del negocio financiero, especialmente de las cajas de ahorros, puesto que las viviendas en propiedad, combinadas con la bajada de los tipos de interés, avalan las deudas y, por tanto, estimulan el consumo financiado con endeudamiento (cifra récord de venta de bienes, etc.).

Por otro lado, pero no menos importante desde el punto de vista de la economía, la importancia nueva que tiene este hecho radica, además, en que, como se ha visto en los últimos años, este consumo financiado con endeudamiento de los hogares, consigue estabilizar el consumo justamente en periodos de recesión económica, es decir, cuando tiende a disminuir el empleo.

Asimismo, este entramado hegemónico también tiene un componente cultural y mediático. El primer grupo -el de las grandes empresas de la construcción y las inmobiliarias- da una cobertura financiera cada vez más importante, por una parte a la prensa y la TV local y, por otra, a los partidos y grupos "independientes" que defienden con más fidelidad sus operaciones urbanísticas, fomenta el discurso urbano privatizador, antisocial e insostenible medioambientalmente.

En gran medida esto explica que el discurso sea asumido con normalidad por una gran parte de la ciudadanía y especialmente por los colectivos "beneficiados" antes citados -los mencionados propietarios de pisos junto con los pequeños empresarios y autónomos que se mueven en el sector de las inmobiliarias, de la construcción y de los servicios a una y otra ligados,- a partir de un argumentario económico y estético que no habiendo sido sometido a la discusión y debate públicos más allá de formalismos sin incidencia real, impone un modelo de ciudad y de vida urbana que aparece como el único posible.

Dentro de él está incluido una determinada estética urbanizadora (la vivienda unifamiliar de nuestra comarca), unas determinadas formas de movilidad basadas en el uso del transporte privado, una determinada cultura, una determinada valoración del patrimonio histórico, e incluso la estructura laboral de la población.
Por otra parte, los bajos costes de producción del sector de la construcción se deben a la utilización de mano de obra precaria y barata basada en una alta temporalidad y en el empleo de trabajo sumergido y mano de obra extranjera peor pagada que la autóctona. El resultado es el altísimo grado de siniestralidad existente. Los bajos costes también se deben al bajo coste energético y de las materias primas ( áridos y cemento ).

Estos bajos costes, junto con la opacidad política del sector, explican el magnetismo del sector para atraer dinero negro y lo que les permite a los promotores pagar los altos precios del suelo. Por otro lado y, no es un hecho despreciable, los Ayuntamientos encuentran aquí una parte de la financiación que les posibilita mantener y crear nuevos equipamientos, dada su insuficiencia de recursos. También explica la fragilidad de las organizaciones y de los representantes públicos a la hora de enfrentar esta situación, lo que lleva igualmente aparejado un descrédito democrático a todas luces extremadamente grave.

En resumen, la hegemonía del capitalismo inmobiliario madrileño está soportada en el hecho de que un importante segmento de la población obtiene ventajas más o menos importantes de él. Esto explica el consenso respecto de un modelo de urbanismo, laboral y cultural que aparece como el mejor, cuando o el único de los posibles -incluso en personas y sectores de la izquierda alternativa-, aunque en la realidad sea insostenible democrática y ecológicamente, económicamente perjudicial a medio y largo plazo, fiscalmente favorecedor del fraude y con ello del déficit de servicios públicos, socialmente indeseable, y laboralmente consolide un mercado de trabajo precario e inestable y de graves condiciones de explotación de la mano de obra.