Se le acusa de conceder de forma irregular un terreno rústico para la construcción de un McDonald's
19-10-2006
JAVIER ÁLVAREZ / CADENA SER La Fiscalía de Madrid, a través de su Delegación de Medio Ambiente, va ha solicitar al Juzgado de Instrucción de Móstoles que cite como imputado por un presunto delito contra la ordenación el territorio al alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, del Partido Popular, según ha sabido la Cadena SER. Se le acusa de haber concedido, al parecer de forma irregular, un terreno rustico para la construcción de un McDonald's.
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“El negocio del urbanismo degrada nuestras ciudades y nuestra calidad de vida presente y futura”. Es el lema de Ciudadanos contra la especulación Urbanística, una plataforma de defensores del medio ambiente a la que está asociada Boadilla Ecológica, cuya representante denuncia sin paliativos: “El monte de Boadilla está condenado a muerte por los obras y construcciones que han proyectado y que el Ayuntamiento impulsa en nuestro municipio”.
Entre estos “proyectos” juega un papel primordial una urbanización de chalets de superlujo, en el entorno del Palacio del Infante don Luís, conocido como Palacio de Godoy. Todavía no está fijado el precio al que saldrán al mercado los chalets, pero se calcula que ninguno costará menos de dos millones de euros. Se levantaran sobre el terreno que ahora ocupan miles de encinas, bastantes de ellas centenarias.
Arturo González Panero, militante del PP y alcalde de Boadilla, niega que vayan a destruir el medio ambiente. Se aferra a lo que dice la Web oficial, donde hay un párrafo donde se proclama que “más del 50 % del municipio estará formado por parques, áreas ajardinadas y zonas verdes”, pero hay muchos –incluida Boadilla Ecológica- convencidos de que ese 50% verde es sólo una cifra escrita en un papel.
Para evitar ese tipo de cosas, hace ahora un año, veinticuatro grupos ecologistas y asociaciones vecinales se han reunido para intentar hacer frente conjuntamente al voraz modelo de crecimiento urbanístico que se impone en la Comunidad de Madrid.
Entre los que se agruparon bajo el paraguas de Ciudadanos contra la Especulación estaba Boadilla Ecológica, que coincidía con el resto de los colectivos en señalar que la actual expansión urbanística no está facilitando el acceso a la vivienda y, sin embargo, está deteriorando aceleradamente el entorno natural y la calidad de vida de los ciudadanos.
En los últimos meses ha saltado la alarma entre vecinos y ecologistas de decenas de municipios de la Comunidad de Madrid por el acelerado deterioro ambiental y territorial que está ocasionando el actual modelo de crecimiento urbanístico.
Los objetivos esenciales de los planeamientos urbanísticos: cubrir necesidades sociales y vertebrar el territorio se están obviando para convertirse en una mera fuente de financiación de los ayuntamientos. Esta situación está provocando que se aprueben actuaciones urbanísticas aberrantes fuera de toda lógica ambiental, social y territorial.
A esto hay que añadir los numerosos casos de prevaricación y delito urbanístico cometidos por responsables municipales. Hasta la fecha hay veintidós municipios en los que alcaldes, ex alcaldes y concejales están siendo investigados por delito urbanístico.
Sin ajustarse a la normativa municipal ni autonómica, se conceden licencias para construir en zonas protegidas, se incrementa la edificabilidad permitida, se reducen o eliminan las cesiones obligatorias para zonas verdes y equipamientos, se favorecen operaciones que incrementan las plusvalías del suelo, lo que a su vez encarece el precio final de las viviendas, etc.
A pesar de que en una gran parte de los casos las irregularidades urbanísticas son evidentes, los responsables actúan en un estado de impunidad muy alarmante.
Ciudadanos contra la Especulación Urbanística subrayaba que, hasta la fecha, los jueces no están siendo lo suficientemente sensibles a los delitos urbanísticos y ambientales lo que contribuye a fomentar esta sensación de impunidad. Añadía en su manifiesto que ni ayuntamientos, ni Comunidad de Madrid, ni los diferentes partidos políticos están mostrando interés por racionalizar el modelo de crecimiento urbanístico ni por frenar las irregularidades urbanísticas y que si era preciso y no lograba que el Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre tome cartas en el asunto, recurriría incluso a la Unión Europea.
Ha transcurrido un año de todo eso y la especulación continua devastando el pulmón verde de Madrid.
En el caso de Boadilla, el terreno recalificado para ser urbanizado se encuentra justo enfrente del Palacio del Infante don Luís y en el lindero del monte protegido.
El alcalde Arturo Panero asegura que parte de esos terrenos han sido ya adquiridos por el Ayuntamiento y están destinados a la construcción de una depuradora para las viviendas del municipio, “que ya está hecha”, y parte, en uno de los lugares más bonitos de la zona, “está destinada precisamente a la construcción de un aula de la naturaleza”.
Afirma Panero no entender las críticas y dice que en el suelo donde se va a construir la urbanización “en ningún caso existen árboles que vayan a ser talados ni arrasados”.
No es del todo cierto, porque árboles hay y algunos son encinas centenarias, que ya estaban allí antes de que Godoy se dedicara a conspirar en la Corte y de que Goya pintara sus cuadros.
En el registro no figura que el terreno al que alude el alcalde Panero. Ahí, quien lleva la voz cantante es la constructora AZATA SA . Su proyecto lleva como nombre La Alcazaba de Boadilla. Ha sido diseñado por el arquitecto Leopoldo Arnaiz, quien sólo hace dos años apareció como imputado, junto al ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, en un affaire de recalificaciones fraudulentas, que se conoce como el Escándalo de Compodón.
En aquel asunto y como figura en el escrito del fiscal Emilio Valerio, estaban también implicados los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez, a su vez relacionados con la espantada que dieron los tránsfugas Eduardo Tamayo y Teresa Sáez en la Asamblea de Madrid.
Conocedores del terreno y la situación en la que se encuentra esta zona, desde Boadilla Ecológica, no obstante, temen que “esta urbanización sea el primer mordisco al monte”, y que “de ahí a continuar talando no hay nada, como ya ocurrió al otro lado con el humedal al que iban gran cantidad de aves en verano, y que ahora se llama Urbanización Los Fresnos, pegada al campo de golf de Majadahonda”.
Temen los ecologistas que no sirva de nada que el bosque figure como protegido, cuando “con una revisión del Plan General de Urbanismo se puede recalificar de nuevo, si sigue en el poder quien está ahora, y no tiene visos de cambiar”, ya que el PP gobernó en esta localidad desde el principio de la democracia.
Arturo Panero, el alcalde, insiste -con voz suave y maneras educadas- que eso no es así, ya que “el monte está declarado de Utilidad Pública, por lo que no es objeto de una posible recalificación, aunque quiera el Ayuntamiento no lo permiten las leyes”.
Y tratando de tranquilizar a quienes teman por ello añade: “esa es la mejor garantía, los ecologistas pueden estar tranquilos, porque no hay intención de recalificar el monte y, aunque la hubiera no podríamos hacerlo”.
Puntualiza que, cuando se recalificó el terreno donde se construirá esta urbanización, “el proyecto pasó por Medio Ambiente sin mayores problemas”, y añade que las únicas dificultades procedieron de Patrimonio, “por estar la urbanización junto al Palacio de Godoy”. Añade como argumento final que no se construirán bloques de pisos “sino viviendas de una sola altura”.
Preguntado acerca del inicio de las obras, momento en el que la oposición socialista y los ecologistas tienen pensado “hacer ruido para que todo el mundo se entere”, Panero aún lo ve lejano, pues se encuentra aún en la aprobación del Plan Parcial y aún no hay "ni proyecto de urbanización ni de compensación”.
Aunque el alcalde no hace mención alguna al respecto, en Boadilla se afirma que está en marcha un recurso contencioso administrativo por parte de algunos particulares que se oponen al Plan Especial y que el Tribunal ha ordenado que se paralice cualquier acción hasta que revisen los detalles de dicho Plan, para lo cual han ordenado que se les haga entrega de una copia de lo planificado. Seguiremos informando.
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Los recientes escándalos urbanísticos están generando un movimiento ciudadano contra la corrupción. Amenaza con comprometer la representación de los partidos mayoritarios en las próximas elecciones municipales y autonómicas, sobre todo en los municipios pequeños. Desencantados con los grandes partidos, estos grupos han optado por jugar sus cartas políticas y presentrse como alternativa. Para ello, cuentan además con un arma: la Red.
Ha sido el detonante. Marbella se ha convertido en el símbolo de la corrupción urbanística con un balance, entre otros, de 30.000 viviendas irregulares. La localidad malagueña se encuentra hoy en manos de una gestora tras ver pasar por la cárcel a su equipo de gobierno. Y los vecinos han tenido un protagonismo indiscutible en la denuncia de las irregularidades del consistorio marbellí.
Y de Andalucía, a Galicia. El tablero de la corrupción salpica a toda la geografía. 