Las legislaturas en las que ha gobernado el Partido Popular en la Comunidad de Madrid han estado marcadas por una evidente degradación ambiental y, debido a la hegemonía política del capitalismo inmobiliario, la prioridad de la construcción y de la creación de grandes infraestructuras, que junto con el retroceso en la cohesión social y política de la sociedad, hace que el balance sea muy negativo, con unas perspectivas de evolución, si continúan las tendencias actuales, y así ha sucedido en el último año, bastante preocupantes.En estos ocho años las políticas activas de protección de la naturaleza han brillado por su ausencia, las evaluaciones de impacto ambiental han sido un mero trámite, las directivas ambientales se trasponen tarde, mal o nunca, se ha modificado legislación en sentido desregulador, y se ha favorecido un crecimiento desorbitado del consumo de recursos y de ocupación del suelo con la consiguiente producción de residuos, y la degradación de la naturaleza.
El Gobierno de Esperanza Aguirre se inició con uno de los golpes más duros para el Medio Ambiente (con mayúsculas) de la Comunidad, la desaparición de la Consejería de Medio Ambiente y su unificación con Urbanismo ha constituido un paso más de supeditación de la conservación y mejora de la naturaleza a los intereses del capitalismo inmobiliario y no olvidemos, que este tuvo un papel muy importante en los acontecimientos, transfugismo de Tamayo y Saéz, que llevaron a la repetición de las elecciones autonómicas.
Como lógica consecuencia, Esperanza Aguirre antepuso los intereses de las asociaciones de promotores urbanísticos a las reiteradas solicitudes del movimiento ecologista para que se mantuviese como órgano independiente la Consejería de Medio Ambiente. Como era de esperar, un año después, la unificación de las dos Consejerías no ha dado el resultado que prometía la actual Presidenta, anteponer la protección ambiental a la especulación urbanística. Por el contrario, la avalancha de nuevos planeamientos urbanísticos tratando de incorporar zonas de espacios protegidos al suelo urbano se está convirtiendo en una práctica demasiado frecuente (Moralzarzal, El Boalo, Villanueva de la Cañada, Majadahonda y Las Rozas, Guadarrama, Torrelodones, Galapagar, o Cercedilla). La prometida transparencia en las sesiones de la Comisión Provincial de Urbanismo (Órgano autonómico que supervisa y aprueba los planeamientos urbanísticos) tampoco se ha producido.Otros municipios, teóricamente protegidos por el paraguas de "Leyes del Parque" se están librando, hasta cierto punto de esta voracidad del cemento. Y decimos hasta cierto punto, porque por una parte la presión inmobiliaria es enorme y sobre muchos de estos, se cierne la amenaza de las infraestructuras viarias, como el cierre de la M 60, parte de cuyo trazado transcurriría por zona A1 del Parque Regional del Manzanares, o la ampliación de la A6 y la apertura del tercer túnel de Guadarrama.
Para el entorno natural madrileño, la reducción del presupuesto, en 2004, dedicado a medio ambiente ha dificultado que se lleven a cabo actuaciones importantes como la compra de fincas de gran valor ambiental. Actuación que serían esenciales en espacios protegidos como el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, o el del Curso Medio del Río Guadarrama, o por proteger, como el futuro Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, territorios donde la escasez o inexistencia de suelo público dificulta enormemente una gestión de calidad. Las previsiones para el próximo año no son mejores. El proyecto de presupuestos de 2005 vuelve a destinar escasos medios a la conservación y la mejora del medio ambiente madrileño.
Otra consecuencia de la precariedad presupuestaria en temas relacionados con el medio ambiente es el escaso personal destinado a tramitar los expedientes sancionadores tanto de Medio Ambiente como de Urbanismo. Aunque este es un problema ya heredado del anterior equipo de Gobierno no se ha hecho nada para mejorarlo. La casi paralización de los Servicios de Disciplina Ambiental y Disciplina Urbanística permiten que importantes infracciones queden impunes, simplemente, porque prescriben. El malestar en este sentido no es único entre los ecologistas, los propios agentes forestales de la Comunidad han protagonizado numerosas movilizaciones denunciando esta situación.Por otra parte, la revitalización de proyectos enormemente impactantes, que ya estaban resueltos, como el desdoblamiento de la carretera M-501, la llamada carretera de los pantanos, es otro aspecto que el movimiento ecologista, así como desde Izquierda Unida criticamos muy duramente. Este proyecto está siendo fomentado desde la propia Consejería de Infraestructuras obviando los informes del CSIC, el máximo organismo científico del Estado. Igualmente, la constante insistencia de Esperanza Aguirre por llevar a cabo, proyectos muy impactantes y muy discutibles desde el punto de vista técnico, como el cierre de la M-50 por El Pardo), la ampliación de la A 6 y de la apertura del tercer túnel del Guadarrama, o de viabilidad económica más que dudosa (como el caso de las radiales), demuestran, que estamos ante un Gobierno no sólo insensible, sino agresor, de las cuestiones ambientales.
La política de urbanismo de Esperanza Aguirre ha favorecido la expansión incontrolada de la urbanización con el consiguiente deterioro ambiental. Partidaria de una Ley del Suelo que convierte en urbanizable cualquier espacio que no esté especialmente protegido, el suelo urbanizable ha crecido de forma desmesurada, y la especulación urbanística se ha convertido en el principal negocio de nuestra Comunidad en general y en la Sierra de Guadarrama en particular.
La construcción se ha convertido en la primera industria española y madrileña. Somos el país de Europa donde más viviendas se construyen y donde más patrimonio inmobiliario se destruye. Paradójicamente, aunque hay un parque de viviendas sobredimensionado, parece haber necesidad de ellas. El alquiler es escaso y caro, no hay viviendas de promoción pública y se premia la compra. La vivienda ha dejado de ser un bien de uso, para convertirse en un bien comercial y de inversión, inalcanzable para amplios sectores sociales.Esta expansión urbanística ha generado gravísimos impactos ambientales, especialmente la ocupación descontrolada del territorio por nuevas urbanizaciones que ocupan espacios naturales, con un enorme gasto y trasiego de materiales y residuos; la urbanización concentrada en pocos puntos fuertes del territorio, donde se forman conurbaciones difusas, poco densas, extendidas en forma de mancha de aceite, con segregación de usos y basadas en el automóvil como medio de conexión; es decir, la expansión de un único modelo constructivo.
Con este gobierno, servidor de los intereses económicos del capitalismo inmobiliario, intereses económicos y de clase de los que es expresión política, la Comunidad de Madrid y la Sierra de Guadarrama, no avanza en la dirección de la sostenibilidad ecológica, excepción loable de algunos municipios, con concejalías ambientales de Izquierda Unida, que con sus iniciativas ambientales intentan crear "islas" de sensibilidad ecológica en el mar del cemento, el asfalto y el coche particular en que el Partido Popular y en muchos casos los gobiernos municipales del PSOE (ejemplo Cercedilla) están convirtiendo el territorio de la Comunidad de Madrid.
Por otra parte, el territorio está adquiriendo una nueva funcionalidad política y esto se está observando de manera importante en la Comarca de la Sierra de Guadarrama. Por un lado la unidad territorial es lo más estable dentro de este mundo de cambios constantes, por otro lado el territorio es fuente de especulación y de privatización para la revalorización del capital. En tercer lugar la planificación del territorio para fomentar políticas neoliberales genera problemas ambientales y de transportes que encarecen la calidad de vida de los ciudadanos.
El gobierno de Esperanza Aguirre no actúa de nuevo, sino que sigue los pasos, acentuándolos de su antecesor Gallardón y entre unos y otros están dejando un triste balance ambiental, desde el punto de vista de la conservación de su naturaleza, del estado medioambiental de sus aguas, atmósfera y suelos, y de su sostenibilidad ambiental y social a largo plazo.
El deterioro de los espacios naturales madrileños es bien visible: el impacto desmedido de las grandes infraestructuras, la especulación urbanística y la falta de vigilancia están destruyendo ecosistemas que serían el orgullo de cualquier otra región-capital europea, poniendo en riesgo la supervivencia de algunas de las especies vivas más valiosas del mundo como el Águila Imperial.
A pesar de todo, medioambientalmente, la Comunidad de Madrid, a pesar del alto grado de urbanización y de las tendencias expansivas de ocupación del territorio, es todavía un caso singular en Europa por la riqueza y variedad de sus ecosistemas, lo que hace del patrimonio ecológico uno de nuestros valores principales, aunque las actuaciones agresivas hacia el entorno natural derivadas del modelo de desarrollo neoliberal dominante en los últimos años han venido a poner a dicho patrimonio en situación de grave riesgo.
La estructura económica, laboral y social de la Comunidad Autónoma de Madrid es relativamente compleja. En ella convive un sector primario tradicional y numéricamente residual con sectores muy modernos vinculados a la globalización neoliberal, con un porcentaje elevado de empleados públicos, funcionarios y no funcionarios, y una clase obrera tradicional cada vez menos importante, pero que aún tiene un peso en algunas zonas del cinturón de Madrid. Existen ya algunos documentos de Izquierda Unida que tratan de analizar estos grupos y estratos sociales.
Pero además de esto es importante tener en cuenta que el análisis y la clarificación política de los intereses inmobiliarios debería ser una prioridad para la izquierda transformadora en nuestra Región y en nuestra comarca, ya que afecta no sólo a la relación de fuerzas en términos de distribución y reparto del producto social, sino también a aspectos no menos relevantes como el modelo de desarrollo, la ecología urbana y rural, la ética pública y a la participación democrática en la configuración del espacio público. El caso Tamayo y Sáez han de entenderse en este contexto.
Podemos decir que el alto precio de la vivienda, así como su continúo y elevado aumento del en nuestra Comunidad Autónoma tiene una desigual repercusión en tres tipos de colectivos diferentes:
a. por un lado están las grandes empresas de la construcción y las inmobiliarias que se benefician de la política económica de desregulación del sector que ellos mismos le dictan al gobierno. Este grupo, junto con otros sectores tradicionalmente influyentes como la banca o las redes de lavado de dinero, son los principales beneficiarios de la especulación inmobiliaria.
b. todos los propietarios de pisos que se benefician de la subida de precios, junto con los pequeños empresarios y autónomos que se mueven en el sector de las inmobiliarias, de la construcción y de los servicios a una y otra ligados y que pueden incrementar considerablemente su cifra de negocios
c. todos aquellos que no tienen posibilidad de acceder a la vivienda en propiedad o que, conscientes del carácter destructivo del modelo, rechazan conscientemente la dinámica impuesta por la especulación inmobiliaria aún cuando materialmente también pueden salir beneficiados de ella.
El primer y el segundo grupo forman la base social del entramado hegemónico vinculado al capitalismo inmobiliario madrileño. Representan uno de los pilares principales de la hegemonía política del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Pero sería un acto de ingenuidad pensar que el PSOE, o incluso algunos sectores de nuestro propio entorno, se encuentran al margen de dicho entramado.
Este entramado que genera una situación de hegemonía 1 no es exactamente una "imposición" del primer grupo al resto de la sociedad madrileña, sino que se basa en un intercambio de ventajas entre el primer y el segundo grupo. Sin duda alguna un sector de las clases subalternas también sale beneficiado de esta constelación social. De hecho, las clases subalternas madrileñas, que llevan siendo víctimas desde hace más de veinte años de un alto desempleo estructural, son enormemente vulnerables y, por tanto, proclives a dar su consentimiento a un orden económico de estas características.
A cambio de su consentimiento político, de despedirse de los valores de la izquierda y de votar a la derecha, la política del PP crea puestos de trabajo y crea las condiciones para que mejore el patrimonio inmobiliario de todos los propietarios. Las plusvalías reales y esperadas sirven, por otro lado, para financiar infraestructuras viarias e incluso de transporte público puesto que estas alimentan aún más la revalorización de las inversiones inmobiliarias.
El 8% de los puestos de trabajo en España están directamente vinculados al sector de la construcción, el porcentaje más alto de toda la Unión Europea y en la Comunidad de Madrid este porcentaje es considerablemente superior. España con 40 millones de habitantes consume más cemento que Francia y Alemania juntas con 140 millones de habitantes lo cual genera un volumen ingente de trabajo, en parte cubierto con trabajo emigrante, en parte con trabajo nacional. A este volumen de empleos hay que sumarle los puestos de trabajo indirectos que se mueven alrededor del sector, desde los servicios financieros e inmobiliarios, hasta las pequeñas empresas, talleres y transportistas indirectamente relacionados con el sector de la construcción.
Pero las "ventajas" no radican sólo en la creación de puestos de trabajo. El 85% de los hogares españoles son propietarios de sus pisos, la cifra más alta de la Unión Europea y, de estos, el 70% ya no tiene que pagar letras. Esta constelación produce un importante grupo al que podríamos poner el nombre de "rentistas inmobiliarios" cuya ganancia reside, no sólo o no tanto en el trabajo, por lo demás mal pagado y poco estimulante, sino en la revaluación de su patrimonio inmobiliario. Esta revaluación amplía la capacidad de endeudamiento de los hogares y el volumen del negocio financiero, especialmente de las cajas de ahorros, puesto que las viviendas en propiedad, combinadas con la bajada de los tipos de interés, avalan las deudas y, por tanto, estimulan el consumo financiado con endeudamiento (cifra récord de venta de bienes, etc.).
Por otro lado, pero no menos importante desde el punto de vista de la economía, la importancia nueva que tiene este hecho radica, además, en que, como se ha visto en los últimos años, este consumo financiado con endeudamiento de los hogares, consigue estabilizar el consumo justamente en periodos de recesión económica, es decir, cuando tiende a disminuir el empleo.
Asimismo, este entramado hegemónico también tiene un componente cultural y mediático. El primer grupo -el de las grandes empresas de la construcción y las inmobiliarias- da una cobertura financiera cada vez más importante, por una parte a la prensa y la TV local y, por otra, a los partidos y grupos "independientes" que defienden con más fidelidad sus operaciones urbanísticas, fomenta el discurso urbano privatizador, antisocial e insostenible medioambientalmente.
En gran medida esto explica que el discurso sea asumido con normalidad por una gran parte de la ciudadanía y especialmente por los colectivos "beneficiados" antes citados -los mencionados propietarios de pisos junto con los pequeños empresarios y autónomos que se mueven en el sector de las inmobiliarias, de la construcción y de los servicios a una y otra ligados,- a partir de un argumentario económico y estético que no habiendo sido sometido a la discusión y debate públicos más allá de formalismos sin incidencia real, impone un modelo de ciudad y de vida urbana que aparece como el único posible.
Dentro de él está incluido una determinada estética urbanizadora (la vivienda unifamiliar de nuestra comarca), unas determinadas formas de movilidad basadas en el uso del transporte privado, una determinada cultura, una determinada valoración del patrimonio histórico, e incluso la estructura laboral de la población.
Por otra parte, los bajos costes de producción del sector de la construcción se deben a la utilización de mano de obra precaria y barata basada en una alta temporalidad y en el empleo de trabajo sumergido y mano de obra extranjera peor pagada que la autóctona. El resultado es el altísimo grado de siniestralidad existente. Los bajos costes también se deben al bajo coste energético y de las materias primas ( áridos y cemento ).
Estos bajos costes, junto con la opacidad política del sector, explican el magnetismo del sector para atraer dinero negro y lo que les permite a los promotores pagar los altos precios del suelo. Por otro lado y, no es un hecho despreciable, los Ayuntamientos encuentran aquí una parte de la financiación que les posibilita mantener y crear nuevos equipamientos, dada su insuficiencia de recursos. También explica la fragilidad de las organizaciones y de los representantes públicos a la hora de enfrentar esta situación, lo que lleva igualmente aparejado un descrédito democrático a todas luces extremadamente grave.
En resumen, la hegemonía del capitalismo inmobiliario madrileño está soportada en el hecho de que un importante segmento de la población obtiene ventajas más o menos importantes de él. Esto explica el consenso respecto de un modelo de urbanismo, laboral y cultural que aparece como el mejor, cuando o el único de los posibles -incluso en personas y sectores de la izquierda alternativa-, aunque en la realidad sea insostenible democrática y ecológicamente, económicamente perjudicial a medio y largo plazo, fiscalmente favorecedor del fraude y con ello del déficit de servicios públicos, socialmente indeseable, y laboralmente consolide un mercado de trabajo precario e inestable y de graves condiciones de explotación de la mano de obra.
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