Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes...
El Telégrafo
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Las recientes manifestaciones del Magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, parecen confirmar la sensación generalizada de la ciudadanía de que se ha producido un auténtico asalto al estado de derecho y una toma del poder real por parte de los representantes de ciertos intereses inmobiliarios especulativos.
Ante su pregunta de cómo frenar esta marea negra de corrupción respetando la autonomía municipal, se me ocurre aplicar el artículo 23.1 de nuestra Constitución: Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes...
Dado que parece que nuestros representantes no se han aplicado mucho en este tema, intentémoslo los ciudadanos directamente. ¿Cómo? Obligando por ley a la participación ciudadana en la elaboración de los Planes Generales de Ordenación Urbana de nuestros municipios de residencia y dando su aprobación final a los mismos en consulta pública.
Posiblemente, nadie sepa cuidar mejor la calidad de vida de nuestros pueblos y ciudades y su entorno que los que en ellos vivimos.
Y así vamos dando los primeros pasos en la práctica de la democracia directa.
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