CONTRATO MILLONARIO A LA EMPRESA DEL ACTUAL DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO Y SU MUJER

PLARQUIN CONSULTORES S.L. presentó la propuesta más cara

Mayo 2004

El Alcalde de San Lorenzo del Escorial, José Luis Fernández-Quejo, ha adjudicado un contrato de 173.000€ (algo más de veintiocho millones de pesetas) a la empresa PLARQUIN CONSULTORES S.L. PARTICIPADA POR EL ACTUAL Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto y su mujer.

Enrique Porto Rey, que accedió a la Dirección General de Urbanismo tras ser nombrado el 30 de diciembre pasado por Esperanza Aguirre, es socio fundador de la empresa PLARQUIN CONSULTORES S.L. constituida en compañía de su mujer y otros dos socios, en el mes de julio del 2000 ante el notario Raúl González Pérez de Madrid y cuyo objeto social es la elaboración de informes en materia urbanística.

Frente a la denuncia efectuada por el portavoz del PSOE de San Lorenzo del Escorial, José Luis García Millán ante el Ayuntamiento en el sentido de que se había adjudicado dicho contrato a la oferta "más cara y menos fiable", el Alcalde, a través de la intervención, respondió que la empresa del Director General reunía por "experiencia, memoria explicativa, coherencia interna, equipo multidisciplinar y oferta económica" las mejores condiciones frente a otras propuestas.

"No entendemos -aclara el portavoz del PSOE, José Luis García Millán- absolutamente nada, puesto que PLARQUIN era la oferta más cara (cuatro millones más)y también era la menos experta: nueve proyectos desarrollados, frente a cuarenta y nueve de otras propuestas".

Para el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de San Lorenzo el desenmascaramiento de los socios de PLARQUIN es la clave del asunto: "Es evidente que se ha producido una decisión arbitraria por parte del Alcalde puesto que, objetivamente no era la de PLARQUIN la mejor oferta. Ignorábamos entonces que detrás de PLARQUIN lo que se escondía era una empresa familiar del actual Director General de Urbanismo, Enrique Porto Rey".

"Aparte de la calificación moral del hecho- concluye García Millán- el asunto está revisándose jurídicamente por si hubiera materia delictiva ya que nadie puede entender cómo un Director General de Urbanismo reciba, de forma directa o indirecta, dinero de la administración al margen del que le corresponde por la actividad pública específica que desempeña".