AURRULAQUE 2006: MADRID TIENE UNA DEUDA CON LA SIERRA

Estamos en un momento de preocupación por el futuro del planeta Tierra, cada año devolvemos a la atmósfera el carbono que las plantas extrajeron pacientemente de ella durante un millón de años; como el proceso duró más de mil millones de años, aún podemos pasar algunos siglos. Este asunto y otros de escala planetaria nos preocupan justamente, aunque a veces actuamos de forma un tanto paradójica. No hace mucho, gentes venidas de todas las partes del mundo se reunían en Porto Alegre para ¡¡protestar contra la globalización!!

La preocupación planetaria no nos debe impedir ocuparnos de asuntos trascendentes para nuestra región como es el de la defensa de la sierra; que aquí nos reúne a varios cientos de personas en este paraje solitario, que dejó de serlo, cuando llegamos.

Cuando Felipe II eligió el poblacho manchego de Madrid como capital de España, uno de sus motivos fue higiénico; la proximidad de la sierra, proporcionaba buen agua y buen aire, con reservas; antes del aire acondicionado, que es un asesino aún más eficaz, se decía:

“la brisa de la sierra es tan sutil
que mata a un hombre
pero no apaga un candil”

Felipe II no encontrando el entorno serrano suficientemente selvático para su fabuloso monasterio, compró y despobló no menos de tres pueblos creando mediante el procedimiento urbanístico entonces admitido de adquirir la propiedad, una amplísima zona de protección alrededor del monasterio defendida a su vez por una tapia de piedra de varias decenas de leguas de longitud que encerraba un recinto considerablemente maltratado con el paso del tiempo cuya protección ha sido acordada recientemente por la Comunidad de Madrid.

La sierra proporciona a Madrid agua de excelente calidad (no hay otra ciudad de tamaño comparable en la que se pueda beber agua del grifo) y un espacio natural próximo que debemos preservar y utilizar con mesura, manteniendo un delicado, yo diría casi imposible, equilibrio.

En primer lugar el espacio natural de la sierra debe estar allí, luego debe ser accesible, pero con dificultad suficiente como para que no vengan muchos; es bueno que algunos afortunados la habiten, que se mantengan usos tradicionales... ¿pero hasta qué punto? ¿cómo se limita? ¿quién lo decide? ¿quién lo controla?

Hace unos años, para explicar como es la ciudad de “Los Ángeles” yo decía, imagínate que Madrid llegara desde Toledo a Guadalajara; ahora no hay que imaginárselo, ha pasado, la aglomeración de Madrid rebasa los límites de la Comunidad ocupa una amplia banda entre la Sierra al norte y el río Tajo al sur, y produce una presión insoportable sobre la sierra.

Todos queremos gozar de un espacio natural, que deja de serlo en cuanto nos instalamos en él (siempre cabe la inútil esperanza de que los demás no vengan). Los propietarios de suelo reciben ofertas que no pueden rechazar (siempre pueden con el dinero irse a contribuir a acabar con otro espacio natural) y los Ayuntamientos encuentran una fácil financiación colaborando con la especulación para evitar cobrar impuestos a los votantes y ofrecerles además servicios más o menos ilusorios.

Para preservar el bien común es necesario que intervengan las Administraciones y éstas ya no pueden hacerlo como Felipe II, despoblando y arrasando pueblos, pero si pueden y deben actuar, siguiendo los procedimientos establecidos en la legislación urbanística; si bien es verdad que la Constitución reconoce a los municipios una capacidad de decisión que hace muy difícil una actuación regional eficaz.

La forma más evidente de la acción administrativa se traduce en: prohibiciones y protecciones; en este sentido la declaración de parque nacional es un paso de enorme importancia, que tiene no obstante varios problemas; el primero el del efecto frontera que producirá un notable aumento de la presión inmobiliaria sobre los bordes no protegidos; en segundo lugar las regulaciones estéticas mal entendidas que no evitan (incluso fomentan) la mala arquitectura (si la buena arquitectura, fuera cuestión de ordenanzas, las ciudades serían maravillosas) sobre todo en un país, como el nuestro, tan dado a las disquisiciones escolásticas sobre la letra de la ley.

Y aún viene el aspecto más negativo: Puesto que las Administraciones se ocupan ya de protegernos no es necesario que los “ciudadanos” nos ocupemos de nada, podemos ejercer el papel de “consumidores” en el que cada vez más nos quiere colocar cualquier Administración, del signo que sea. Y como no tenemos responsabilidad personal, lo que no está prohibido puede hacerse y si no que hubieran redactado bien la regulación (la dejación de responsabilidad personal fomentada por las Administraciones llega al extremo en la ridícula campaña, “No podemos conducir por ti” como si todo fuera a ir mejor si llevara nuestro volante el Señor Director General de Tráfico, que a saber como conduce). Es la trampa de siempre, el ente abstracto que vela por nosotros se ocupará de todo; luego, resulta que detrás de la benéfica fachada de cualquier ente hay personas que son quienes tienen que asumir una carga, que resulta a todas luces excesiva sin una colaboración decidida de los administrados (si es que se deciden a ser ciudadanos activos en lugar de pasivos consumidores).

Si los ciudadanos no tenemos individual y colectivamente conciencia de que la sierra debe ser protegida, las protecciones legales serán en la práctica bordeadas hasta el límite, e incluso más allá y no sólo por abstractos y malvados operadores inmobiliarios sino por propietarios individuales, vecinos nuestros con nombre y apellido, más difíciles aún de controlar si no se autolimitan, ¿quién va a hacerle a un vecino la faena de no permitirle una pequeña trasgresión, sin importancia de la ley? El “hoy por ti mañana por mi” es una práctica no por extendida menos vergonzosa.

En este país hay una tradición fuertemente arraigada de controlar los papeles con preferencia a la realidad; ¡es tan difícil actuar sobre la realidad! Los teóricos controladores carecen con frecuencia de medios y suelen estar más atentos a salvar su responsabilidad que a procurar que se cumpla el espíritu de la protección. Los Ayuntamientos no pueden ser demasiado rigurosos con sus votantes ya que corren el riesgo de ser sustituidos, en la siguiente elección, por un consistorio menos represivo; y si vamos a ello, a más altos niveles tampoco es prudente desde el punto de vista electoral ser muy duro con los grandes intereses inmobiliarios que suponen un factor hoy por hoy esencial de la economía regional y nacional.

La única esperanza está en que los ciudadanos nos sacudamos el fatalismo que nos lleva a considerar ciertas cosas como inevitables. Debemos actuar con respeto al medio ambiente más allá de lo que las regulaciones dictan (y los reguladores exigen), procurar que otros lo hagan y hacer sentir y ver a los políticos que lo que hagan en este campo va a ser determinante para sus posibilidades de reelección. Hay que entender que preservar la sierra es asunto de todos, no sólo de algunos excéntricos a los que además el distinguirse no les trae precisamente ventajas personales.

Queda por último otra cuestión, y aquí vuelvo al título del manifiesto.

Las protecciones y las limitaciones afectan a bienes que en nuestro ordenamiento jurídico y pertenecen a personas y dado que se establecen en aras del bien común lo justo es que las consecuencias económicas negativas inherentes a cualquier limitación sean soportadas por el conjunto de los beneficiados, no lo estamos haciendo y por ello somos deudores de la sierra.

Es muy sencillo prohibir sobre el papel, pero raramente las limitaciones están acompañadas de aquello que las haría más eficaces: una política de estímulos positivos, por otra parte fácil de articular; saldemos nuestra deuda aunque sea con retraso.

* Dotemos a los Ayuntamientos de la sierra de medios que les permitan dar servicios adecuados a sus habitantes mediante subvenciones ligadas a compromisos de no crecimiento y de conservación del paisaje y no cederán con facilidad a las presiones inmobiliarias.

* Dotemos a los propietarios de prados y montes de incentivos para cuidarlos y conservarlos, seguro que prefieren hacerlo a venderlos para construir chalets adosados.

Una política de incentivos, unida a las limitaciones, que haga efectiva la deuda de Madrid con la sierra, extendida no ya a la zona delimitada como parque sino a los aledaños, de manera que se evite la acumulación en el borde de las actuaciones perversas que se han prohibido dentro, puede evitar que acabemos perdiendo un insustituible paraje natural.

Para terminar, cabe señalar otro riesgo para la conservación: la tentación de atraer visitantes para “generar actividad” y “dar vida”; la idea de instalar parques temáticos en la sierra es repugnante, más aún debería haber una operación de limpieza de adefesios tales como gatos egipcios, plazas de toros disparadas etc...

Lo que necesita Madrid es que la sierra esté ahí y cuanto más natural mejor. Lo deseable es que la mayoría de los madrileños nos conformemos con saber que está y que podríamos ir si quisiéramos pero más vale que no vengamos y por si acaso, no deben en modo alguno aumentarse las facilidades de acceso y en todo caso limitarlas de forma que sólo pueda irse a donde se pueda llegar andando como hemos hecho los que aquí estamos.

Ricardo Aroca
Decano del Colegio de Arquitectos de Madrid