EL 'PULMÓN' ENFERMO DE LA SIERRA DE BAZA: PARA PONERSE LAS BARBAS A REMOJAR

No ha sido un camino de rosas. Siete años han transcurridos desde que en 1998 se produjera una masiva tala de vegetación de ribera en los arroyos Uclías y Bodurria del Parque Natural Sierra de Baza, denunciada por la Asociación Proyecto Sierra de Baza, que supuso la eliminación de más de 13.000 árboles y afectó a más de 7 kilómetros de riberas y a 42 hectáreas, circunstancias que fueron negadas por los implicados que aseguraban que la actuación había sido beneficiosa para la biodiversidad.

El viernes, el Tribunal Supremo cerraba el caso con una sentencia en la que ratificaba el fallo de la Audiencia Provincial y consideraba "lesiva e irresponsable" la tala, por la que se condenó al entonces director conservador del parque, José María Irurita, y al maderista que ejecutó la actuación, Juan Senés Torres.

El fallo obliga a la Junta de Andalucía a restaurar de nueva la zona y, quizá lo más sorprendente, repara el esfuerzo realizado por la acción popular, un reconocimiento inusual, en este caso a la Asociación Sierra de Baza por su actuación "eficaz y plenamente correcta en cumplimiento de sus fines sociales: la protección del medio natural".

El presidente de la asociación y letrado en el proceso, José Ángel Rodríguez, acogía ayer dicho reconocimiento con "gran satisfacción", sobre todo por "los muchos palos que nos hemos llevado". Rodríguez está convencido de que si no se llegan a personar en la causa "se hubiera dado carpetazo al asunto".

Proyecto Sierra de Baza no solo denunció la ilegalidad de las talas que se hicieron en el Parque Natural Sierra de Baza sino que discrepó de la actuación forestal con la que se llevó cabo –una corta a matarrasa– que no dejó en pie árbol alguno en los valles fluviales afectados.

Enfrentarse a la administración, en este caso a la Consejería de Medio Ambiente, que vela por la conservación de los parques naturales de Andalucía, no fue una tarea sencilla. "Tuvimos que encontrar gente dispuesta a enfrentarse y testificar contra la administración, personas que no tuvieran miedo para contar la verdad", recuerda Rodríguez, quien enumera las muchas trabas que, a lo largo del proceso, se encontraron.

No sólo tuvieron que salir al paso de las "presiones" y de las "falsedades" de la propia administración autonómica sino también afrontar la "nula colaboración" de la Fiscalía o el "traicionero comportamiento" del abogado que representaba al Ayuntamiento de Baza, que se había personado como acusación particular pero que "nos atacaba con lo que podía".

"La Junta llegó a utilizar hasta doce catedráticos para tratar de desmontar nuestra denuncia, teníamos que enfrentarnos a cinco abogados, más el del Ayuntamiento de Baza, y aún así tuvimos que rebatir todo con argumentos científicos pues en más de una ocasión intentaron tergiversar y manipular los datos", relata Rodríguez.

Incluso un colectivo como Ecologistas en Acción salió en defensa del entonces director conservacionista del Parque Natural por entender que la denuncia era desproporcionada y buscaba el linchamiento del director. "Hemos tenido que superar los falsos peritos, los falsos científicos, el cinismo de la administración cuando asegura que se trataba de un \'impacto paisajístico momentáneo\' e incluso las críticas del grupo Ecologistas en Acción, que los pringaron claramente para que dijeran que todo era correcto", subraya Rodríguez.

Proyecto Sierra de Baza no solo denunció la ilegalidad de las talas que se hicieron en el Parque Natural Sierra de Baza sino que discrepó de la actuación forestal con la que se llevó cabo –una corta a matarrasa– que no dejó en pie árbol alguno en los valles fluviales afectados.

Enfrentarse a la administración, en este caso a la Consejería de Medio Ambiente, que vela por la conservación de los parques naturales de Andalucía, no fue una tarea sencilla. "Tuvimos que encontrar gente dispuesta a enfrentarse y testificar contra la administración, personas que no tuvieran miedo para contar la verdad", recuerda Rodríguez, quien enumera las muchas trabas que, a lo largo del proceso, se encontraron.

No sólo tuvieron que salir al paso de las "presiones" y de las "falsedades" de la propia administración autonómica sino también afrontar la "nula colaboración" de la Fiscalía o el "traicionero comportamiento" del abogado que representaba al Ayuntamiento de Baza, que se había personado como acusación particular pero que "nos atacaba con lo que podía".

"La Junta llegó a utilizar hasta doce catedráticos para tratar de desmontar nuestra denuncia, teníamos que enfrentarnos a cinco abogados, más el del Ayuntamiento de Baza, y aún así tuvimos que rebatir todo con argumentos científicos pues en más de una ocasión intentaron tergiversar y manipular los datos", relata Rodríguez.

Incluso un colectivo como Ecologistas en Acción salió en defensa del entonces director conservacionista del Parque Natural por entender que la denuncia era desproporcionada y buscaba el linchamiento del director. "Hemos tenido que superar los falsos peritos, los falsos científicos, el cinismo de la administración cuando asegura que se trataba de un 'impacto paisajístico momentáneo' e incluso las críticas del grupo Ecologistas en Acción, que los pringaron claramente para que dijeran que todo era correcto", subraya Rodríguez.

"Muchas veces mostrabas la evidencia de una imagen, que se asemejaba a la deforestación del Amazonas, y no te la admitían porque los peritos aseguraban que la tala se había producido de forma selectiva", comenta el letrado de la asociación, que llegó a aportar 5.000 fotografías y un vídeo a la causa procesal.

En su defensa, la Consejería de Medio Ambiente y la empresa maderera llegaron justificar la actuación en el hecho de que era "una limpieza de maderas muertas deterioradas, previamente señaladas por la dirección del parque" y que la vegetación había sido eliminada para sustituirla por otra vegetación de ribera más natural".

El delegado actual de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Gerardo Sánchez, se mostraba ayer cauteloso con la sentencia. Aunque acata el fallo, Sánchez piensa que "la actuación era necesaria hacerla". "Fue una restauración de ribera especialmente costosa, todo un tratamiento de cirugía forestal que permitió retirar los residuos de la tala cuando lo normal es que no se retiren y se queden como aporte orgánico en la zona", defendió el delegado, quien asegura que la zona está en la actualidad totalmente recuperada.

"Muchas veces mostrabas la evidencia de una imagen, que se asemejaba a la deforestación del Amazonas, y no te la admitían porque los peritos aseguraban que la tala se había producido de forma selectiva", comenta el letrado de la asociación, que llegó a aportar 5.000 fotografías y un vídeo a la causa procesal.

En su defensa, la Consejería de Medio Ambiente y la empresa maderera llegaron justificar la actuación en el hecho de que era "una limpieza de maderas muertas deterioradas, previamente señaladas por la dirección del parque" y que la vegetación había sido eliminada para sustituirla por otra vegetación de ribera más natural".

El delegado actual de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Gerardo Sánchez, se mostraba ayer cauteloso con la sentencia. Aunque acata el fallo, Sánchez piensa que "la actuación era necesaria hacerla".

"Fue una restauración de ribera especialmente costosa, todo un tratamiento de cirugía forestal que permitió retirar los residuos de la tala cuando lo normal es que no se retiren y se queden como aporte orgánico en la zona", defendió el delegado, quien asegura que la zona está en la actualidad totalmente recuperada.

Granada, 5 diciembre 2005,
Medio Ambiente,
Reportaje de Alvaro Calleja .